Tribunal da autorización a la FGR para poder detener a Emilio Zebadúa, exfuncionario de SEDESOL y SEDATU.

Un tribunal dio luz verde a la Fiscalía General de la República para que pueda detener al exfuncionario de Sedesol y Sedatu.

Un tribunal dio luz verde a la Fiscalía General de la República para que pueda detener a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para enfrentar las acusaciones que tiene en su contra por el desvío de más de cinco mil millones de pesos, caso conocido como la Estafa Maestra.

La Fiscalía había interpuesto un recurso de revisión para revocar la suspensión definitiva que un juez federal le otorgó a Emilio Zebadúa, quien busca el amparo de la justicia federal para no ser detenido.

Fue el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien declaró fundado el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República, que le permite judicializar la carpeta de investigación y el asunto ante un juzgado de control.

Los magistrados tampoco le concedieron a Zebadúa la suspensión definitiva para efectos de que el quejoso tenga libre acceso a dicha carpeta, pues con ello se infringen disposiciones de orden público, las cuales establecen la facultad de reserva del Ministerio Público.

Ante el poder judicial, Emilio Zebadúa argumentaba la omisión de las autoridades para citarlo en calidad de inculpado o imputado dentro de la carpeta de investigación que integra en su contra, para saber la acusación, los datos de prueba o elementos que existen en su contra, así como no darle acceso a las constancias.

En este sentido, los magistrados argumentaron que la persona que adquiera la calidad de imputado dentro de una investigación, tendrá acceso a los registros de la carpeta de investigación en tres momentos diferentes, los cuales son: cuando el imputado se encuentre detenido, cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista, y antes de su primera comparecencia ante el juez, con la oportunidad debida para preparar su defensa.

Afirma Valencia Cruz que según la ASF, en 2017 Sedesol no acreditó que 319 estancias infantiles cumplieran con criterios y requisitos establecidos en la normativa

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Rosalba Valencia Cruz (Morena), afirmó que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no acreditó que alrededor de 319 estancias infantiles cumplieran con criterios y requisitos establecidos en la normativa.

Las estancias infantiles no deben ser usadas como botín político. Se debe asegurar un buen funcionamiento de éstas, como mejorar la calidad en el servicio maximizando sus beneficios”, indicó en conferencia de prensa junto con legisladores de su bancada.

Valencia Cruz mencionó que el nuevo gobierno federal pretende cambiar el esquema del programa, “se apuesta por apoyar directamente el tejido social y desarrollo de las personas, dando prioridad a madres y padres que no tienen seguridad social, pueblos indígenas y zonas de altos niveles de violencia”.

Mencionó que Veracruz y el Estado de México son algunos de los estados donde se cometieron actos de corrupción en estancias infantiles.

Aseguró que las estancias infantiles no desparecerán, ya que “en esta Cuarta Transformación vamos por estancias infantiles seguras, de calidad, transparentes y sin corrupción”.

Se acabó la fiesta de guarderías infladas con niños fantasmas. El pueblo es sabio y trabajaremos a favor de la sociedad mexicana, queremos bienestar para nuestro país”, dijo.

La legisladora por Veracruz acusó que distintos actores políticos se han encargado de malinformar a la población sobre lo que se está haciendo en realidad “combatir la corrupción, (ya que) convirtieron a las estancias infantiles en un negocio donde lo más importante era saquear al Estado sin importar las condiciones en las que opere y atiendan a los niños y las niñas”.

Queremos dejar claro que velaremos por garantizar las condiciones seguras para la niñez, pero también señalaremos y aclararemos la distorsión con las que se han conducido los partidos del régimen político corrupto”, apuntó.

Los diputados Graciela Sánchez Ortiz, Dulce María Corina Villegas Guarneros y Marco Antoni González Reyes coincidieron en que ninguna estancia infantil cobró o sobrevivió con 800 pesos, porque todas ponían sus propias cuotas con acuerdo de los padres de familia para que les atendieran a los niños y aseguraron que las estancias infantiles no van a desaparecer.

Al ser cuestionada por la prensa sobre cuáles funcionarios fueron beneficiados por la corrupción de estancias infantiles, Valencia Cruz señaló que de 2016 a 2018, la ahora diputada Anilú Ingram Vallines (PRI), se desempeñó como delegada de la entonces Sedesol en Veracruz y “estuvo implicada en esta red de corrupción”.