A partir del 1 de diciembre de 2018 la Secretaría de Gobernación será restructurada solamente en tres subsecretarías, desaparecerá el Cisen y la SEP cancelará la evaluación punitiva.
En un documento que tiene el logotipo de la Secretaría de Gobernación se indica que a partir que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de la Republica se reformarán y derogarán varias disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Los cambios en servicio público federal se aplicarán a partir del momento de la publicación del decreto respectivo.
En el texto se indica que la Secretaría de Gobernación será restructurada solamente en tres subsecretarías.
“Gobierno, Enlace Legislativo y Normatividad de Medios de Comunicación; Derechos Humanos, Migración y Población; y Democracia Participativa, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos, sin que tales cambios tengan un impacto presupuestal”.
Las funciones de seguridad pública que actualmente ejerce la Secretaria de Gobernación se transferirán a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Las atribuciones relativas a la Seguridad Pública, a la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional, que eran competencia de la SEGOB, se incorporarán a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
“El Centro de Investigación de Seguridad Nacional, se transformará en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”.
El próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador eliminará la evaluación punitiva y dotará a la Secretaría de Educación Pública para que proporcione igualdad de oportunidades y el acceso a bienes sociales.
“Se dota a la Secretaría de Educación Pública de competencias esenciales para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a otros bienes sociales, por lo que se deroga la evaluación punitiva”.
En el texto se indica que en cuanto entre en vigor el decreto, Liconsa y Diconsa serán sectorizadas en la Secretaría de Agricultura y que la Comisión Nacional de Vivienda será sectorizada den la SEDATU.
“A partir de la entrada en vigor del Decreto, las entidades descentralizadas Liconsa, S.A. de C.V. y Diconsa, S.A. de C.V, quedarán sectorizadas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Vivienda a la SEDATU”.
La Secretaría de Desarrollo Social, conocida actualmente como SEDESOL, se llamará desde el 1 de diciembre Secretaría de Bienestar y se encargará de garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas.
“Se modifica el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, por el de Secretaría de Bienestar, cuyas facultades serán incrementadas para participar en las políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas; coadyuvar en la instrumentación de políticas gubernamentales de fomento a la agroforestería, la economía social y el empleo en el ámbito rural, entre otras”.
Se ampliarán las facultades de la Secretaría de Energía para que apoye estudios en materia energía y para que promueva el uso de las energías renovables.
“Será potencializadas las facultades la Secretaría de Energía, quien podrá realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia energética; promoverá las medidas que garanticen el abasto de petróleo y gas; establecerá políticas de estímulos y promoción al uso de energías renovables”.
Se crearán las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, una para cada estado, las cuales serán el enlace entre el gobierno municipal, estatal y federal.
“Se crean nuevas Unidades Administrativas denominadas ‘Delegaciones de Programas para el Desarrollo’, cuyas funciones serán coordinar las acciones entre las autoridades estatales, municipales y el Ejecutivo Federal; verificar las acciones estratégicas en materias prioritarias; llevar a cabo la supervisión del debido cumplimiento en las prestaciones de servicios y trámites a cargo de las Dependencias en las Entidades Federativas; y, desarrollar tareas de concertación y actividades para promover planes y programas del gobierno federal”.
“Se realizará una revisión integral de las actuales 2,300 Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas de Representación de Dependencias y entidades federales existentes”.
“Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán presentar los resultados de la revisión integral ante el Ejecutivo Federal.
“Aquellas delegaciones existentes que no seas consideradas útiles y resulten onerosas, será suprimidas”.
En el texto se indica que las nuevas dependencias tendrán un periodo de ajuste de 180 días a partir de la publicación de los reglamentos.
“Se establece un periodo de transición de conformidad de 180 días, contados a partir de la publicación del reglamento respectivo, a efecto de que la estructura administrativa de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo quede constituida y otro, de igual duración, a efecto de que las dependencias presenten al Ejecutivo Federal un análisis de costos y beneficios sobre la necesidad y vialidad de mantener determinadas Oficinas de Representación”.
Crédito de la foto Especia/documento
Con información de: E-consulta
