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De forma respetuosa pongo en manos de ustedes, diputadas, diputados, senadoras y senadores electos, la primera relación de posibles reformas que pondremos a consideración del Congreso para llevar a cabo la cuarta transformación del país.

Para tratar este asunto, serán representantes del nuevo Poder Ejecutivo un grupo encabezado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el cual estará integrado por Julio Scherer Ibarra, futuro consejero jurídico de la Presidencia; Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública; Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público; y Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública.

Las posibles reformas al marco legal serán, entre otras, las siguientes:

1. La ley reglamentaria para aplicar en los tres Poderes, el Artículo 127 de la Constitución que señala que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República (sobre esta materia debe pedirse la participación del diputado federal electo, Pablo Gómez Álvarez, quien siendo senador promovió esta reforma, que se aprobó originalmente en el Senado, pero se detuvo en la Cámara de Diputados por intereses económicos y políticos).
2. Preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.
3. Elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el Artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Asimismo, suspender por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.
4. Reformar la ley para considerar delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades.
5. Elaborar, en su momento, la Ley de Ingresos y del Presupuesto del 2019, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda.
6. Reformar la Ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa.
7. Revertir el reciente decreto de privatización del agua (solicitar la participación de la Secretaría de Medio Ambiente).
8. Modificar o revocar leyes de la llamada Reforma Educativa, en coordinación con el secretario de Educación Pública.
9. Establecer en el Artículo 3o. de la Constitución, el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares.
10. Establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa.
11. Revisar si se necesita llevar a cabo alguna reforma para aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza del norte del país, de conformidad con el proyecto que aplicaremos y que estará a cargo de la Secretaría de Economía.
12. Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana, que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. El ajuste de personal se dará como lo expusimos públicamente: en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración, en los cuales habrá libertad para llevar a cabo los cambios necesarios.