Finiquitados los 692 contratos que el gobierno pasado dejó en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la Dirección General de Aeronáutica Civil dio por terminada la concesión que tenía el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para construir la obra de Texcoco.
En conferencia de prensa, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), detalló que las pérdidas entre físicas y financieras por dejar la obra ascienden a 71 mil millones de pesos, menos de los 100 mil que se tenían considerados a inicios de año.
“Ya se finiquitaron todos los contratos. En unos días ya estaremos libres de todo problema (…) Los 692 contratos están finiquitados. No hay ningún amparo. Químicamente puros”, aseguró Javier Jiménez.
Detalló que por abandonar las obras construidas, las pérdidas son por 60 mil 292 millones de pesos, el monto de los finiquitos sumó 14 mil 933 millones. Lo que total dio un monto por gastos no recuperables de 75 mil 224 millones de pesos.
No obstante, Gerardo Ferrando Bravo, titular del GACM, confió en que toneladas de tezontle y acero se puedan vender a otros proyectos del gobierno federal como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y eventualmente el aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía y con ello se terminen por recuperar 4 mil millones de pesos, con lo que en total el saldo por dejar la obra insignia de infraestructura en el gobierno de Enrique Peña Nieto sería de los 71 mil millones referidos.
Mientras tanto, por gastos de seguridad y mantenimiento se contempla pagar 500 millones, reconoció Ferrando Bravo.
A la par se informó que hasta el momento de los 64 amparos de los que ha sido notificados la SCT vinculados con obra aeroportuaria, 60 corresponden al NAIM, indicó Carlos Sánchez, titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.
“La terminación de la concesión no afecta ni afectará en modo alguno las suspensiones concedidas y Grupo Aeroportuario mantiene la obligación de cumplir con las obligaciones que le impusieron los jueces en las diversas suspensiones”, abundó, al hacer referencia a los recursos legales, algunos de ellos triangulados por grupos empresariales que los imponen por medio de asociaciones civiles.
En dicho sentido, Espriú recordó que el año pasado se llegó al acuerdo con los tenedores de bonos. Se cambiaron las condiciones de crédito con la recompra de mil 800 millones de dólares. El resto 4 mil 200 millones de dólares –tanto capital como intereses- se liquidarán en 19 años. “Al final de los 19 años no habrá deuda al respecto (…) Se dijo que iba a ser una negociación complicada. De hecho lo fue”.
Recordó así mismo, que más allá de las obligaciones con los tenedores de bonos, se tenía la expectativa de que saldar los contratos costaría 100 mil millones de pesos, el que esto haya sido por debajo de lo que ellos estimaban y de los 45 mil millones Federico Patiño, titular del GACM.
“La estimación de ellos era –si ustedes me permiten una interpretación- era una especie de ‘ahí viene el coco, si hacen ustedes esto, imagínense lo que les va a costar’”, refirió el funcionario.
En este tenor, Sánchez aseguró que derivado de los derroches que relató Espriú sobre la contratación de deuda y contratos se podrían derivar responsabilidad a funcionarios. “Todas las irregularidades que se han encontrado se han notificado a los órganos internos de control, todas, absolutamente todas”, aseguró.
