Con información de Dulce Olvera.
Al menos 53 pueblos y comunidades del norte y sur del país se han ido quedando solas, las cuales están ubicadas en 36 municipios de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México (2016) de la CNDH. Con base en testimonios, el organismo detectó que el desplazamiento ocurre en familias o grupos de más de 100 personas.
Ausencia de cifras detalladas de poblados abandonados y de desplazamiento interno forzado refleja la falta de reconocimiento del fenómeno por parte de las autoridades, así como un bajo índice de denuncia por miedo o desconfianza. Lo único claro es que, sumado a la experiencia traumática de los conflictos armados, la separación de algunas comunidades de sus tierras ancestrales y la ruptura de sus tradiciones ocasiona en las víctimas un sufrimiento emocional, psicológico, espiritual y económico, determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una niña de 8 años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí, contó a la CIDH un testigo del desplazamiento de 58 familias de la Sierra de Totoloapan, Guerrero.
A la CNDH, le narraron que un padre de familia de Sinaloa se quedó sin empleo en un lugar donde extorsionaban, secuestraban y mataban a los propietarios de los ranchos. La familia huyó y se sienten más seguros allá, “pero viven en una situación precaria, ya que no gozan de los mínimos servicios de agua, luz, alcantarillado… por lo que toleran vivir así, en vez de vivir inseguros”.
Como regla general, las personas desplazadas enfrentan condiciones precarias de vivienda en los lugares en donde se han reubicado posterior al desplazamiento, expuso la CNDH.
En México, tras más de una década de una guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa que cuenta con 12 escoltas, al menos 329 mil 917 personas han sido internamente desplazadas por la violencia de 2006 a la fecha, de acuerdo con registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Solo de enero a diciembre del año 2017, basado en reportes de prensa la CMDPDH registró en el país 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, que impactó a 20 mil 390 personas de nueve estados del país (sobre todo en Chiapas, Guerrero y Sinaloa).
“A casi 12 años de haber sido declarada y puesta en marcha la Guerra contra las Drogas, la problemática del desplazamiento interno forzado carece de un diagnóstico oficial, lo cual es un elemento necesario para la construcción de una política pública para la atención y protección de las víctimas de ese fenómeno en el país”, alerta la organización civil en su informe “Entre la invisibilidad y el abandono” (2019).
“El desplazamiento interno forzado en México ha sido abordado aisladamente y sus víctimas acalladas, invisibilizadas e incluso criminalizadas por las autoridades del Estado mexicano”, acusa.
Un joven de 20 años recordó que cuando un grupo armado entró a su casa y lo encañonaron, su abuelo de 85 años estaba acostado en la hamaca, lo rodearon y le apuntaron con pistolas. Su mamá y él huyeron.
“Mi abuelito se quedó, no hubiera aguantado estar amontonado con tanta gente. Lo dejamos en casa de una tía donde a él no le gusta mucho, porque donde estaba contento pues era con nosotros, porque se come sus cuatro tortillas y ya hasta estaba engordando y agarrando color. Ahora que lo fui a visitar se me puso triste de vuelta. Ya vaciaron mi casa y envenenaron a los animales… Lo tuvimos que dejar todo, así, nada más, de repente, la casa, la gente, los animales… y al abuelo”, evocó en testimonio a la CNDH.
En su Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México (2016), este organismo autónomo alertó que “al dejar desprotegida a la población en riesgo de desplazamiento forzado interno, las autoridades de Seguridad Pública están generando impunidad y un aliciente a esos grupos para continuar afectando a la población.