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Para mí es muy importante la admisión de responsabilidad porque esto implica reconocer lo que viví y que las autoridades asuman su obligación.

Lo que me sucedió fue un infierno que como mujer se vive peor. Aun con la violencia que ejercieron contra mi persona, mi dignidad prevaleció. No me cortaron las alas, me tuve que levantar y permanecer de pie con orgullo, igual que las palmeras después de la tormenta. Lo que me ha impulsado todos estos años es la búsqueda de justicia y verdad. Ahora que el Estado reconoce su responsabilidad, con más ganas y con más fuerzas voy a seguir pidiendo justicia.

No podemos olvidar que hoy nos acompañan espiritualmente las madres que se nos adelantaron, dejándonos la estafeta. Su memoria y lucha nos siguen acompañando y dando fuerza. Esta dis­culpa la debió recibir también quien fue mi esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, que me fue arrebatado por los militares. En memoria de él y de tantas y tantos que hoy nos faltan, que sepan que no los olvidamos, que sepan que mientras yo esté viva, no estarán muertos.

Lamento que no esté Sedena, ya que perdió una oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época. Reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución.

Como historiadora, me he dedicado a documentar estas atrocidades. Sé que la principal herramienta es la educación para seguir construyendo memoria y no olvidar. El Estado debe tomar acciones como medidas de no repetición. En el pasado se apostó al desgaste, al miedo, a callarnos, a la normalización, a que éramos uno más entre tantos desaparecidos. Por eso, estar aquí hoy es ganarle al olvido, decirles que no nos dejaremos vencer por la impunidad y la indiferencia, no callaremos.

Buscar justicia no ha sido fácil. Ha sido mucho caminar en contracorriente, tomar la dignidad que no pudieron arrebatarnos como fuerza para seguir, remando contra el dolor, contra la impunidad, movidos por nuestros corazones y convicciones. Instituciones que deberían apoyarnos no han estado a la altura. Si bien la CNDH en su recomendación 26/2001 generó un impulso para un primer reconocimiento de las graves violaciones cometidas por el Estado, éste fue deficiente. Incluso dejó fuera mi caso y el de muchos otros a lo largo del país.

Tampoco podemos olvidar a la Femospp, institución de nombre muy largo y resultados muy cortos. Fue la fiscalía quien reconoció los delitos de lesa humanidad a los que sobreviví. Han pasado 13 años de su informe final y sus palabras siguen siendo vigentes.

La oportunidad y el reto está en construir distinto. Sanar al país requiere jus­ticia, verdad y memoria. Mientras los casos del pasado no se resuelvan, mientras no existan ejemplos de justicia, estas graves violaciones de derechos humanos seguirán ocurriendo. Si este gobierno quiere cambiar, tiene que empezar a traer justicia a los casos de ayer y de hoy. En ello radica la posibilidad de que el cambio de régimen se convierta en un verdadero proceso de transición democrática.

No queremos que las madres, esposas, hijas e hijos que iniciaron esta lucha se vayan sin escuchar que se reconoce la responsabilidad del Estado en las graves violaciones de derechos humanos contra sus familiares. Ellas han mantenido su memoria y el Estado debe reconocerlo.

Tras 42 años, este es el primer gobierno que reconoce las violaciones de derechos humanos. Esto debe ser sólo el inicio del compromiso por parte del Estado para avanzar hacia un camino que nos lleve a la verdad, a la justicia, la reparación integral, la memoria y a que tomen verdaderas medidas de no repetición.

He recorrido este camino acompañada de colegas. Muchos hoy me acompañan, otros lo hacen a la distancia, no hemos estado solos. Esta disculpa, este reconocimiento de responsabilidad del Estado, debe llegar a otros oídos, ser escuchada por la organización de familiares que represento: Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa de los años 70, y muchas otras organizaciones o colectivos de familiares desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en todo el país. Por eso quiero que se realicen actos de reconocimiento y de memoria en Sinaloa y donde se cometieron estos graves crímenes.

También he caminado de la mano de madres, hermanas e hijas, de otras personas desaparecidas, del pasado y de la historia más reciente. Hemos visto que este país es una fosa. Es a estas familias a las que el Estado nos debe voltear a ver a la cara para no dejarnos seguir solas. Debemos seguir avanzando, yo lo seguiré haciendo, hasta que haya justicia y verdad para todas.

Quiero agradecer a mis hijas e hijo, mis nietas y mis nietos, hermanas, hermanos, esposo y demás familiares que, en este camino de dolor, me han acompañado con amor y generosidad, como lo están haciendo hoy. A quienes pido se pongan de pie para que se les reconozca porque también ellos son víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que cometió el Estado.

También quiero agradecer a mis compañeros de lucha y amigos solidarios, muchos desafortunadamente no pudieron estar aquí. Mi eterno agradecimiento al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que además de su ardua labor, me ha acompañado desinteresadamente durante años como amigo solidario en esta búsqueda por la verdad, justicia y memoria. Hoy tomo fuerza para seguir avanzado. Que mi voz resuene y que otras víctimas sean escuchadas. Que la búsqueda de la justicia por la que llevo décadas luchando haga eco y retumbe en las entrañas de la impunidad.

Con información de La Jornada

En un acto inédito, el Estado mexicano reconoció por primera vez que durante la guerra sucia “se construyó y operó desde el gobierno de la época un aparato de represión que cometió delitos de lesa humanidad” contra los disidentes políticos.

Ayer 23 de septiembre, en una fecha simbólica, el gobierno federal ofreció disculpas públicas a la primera de cientos de víctimas en ese periodo de la historia reciente del país: Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su entonces esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga (ambos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre), fue detenida de manera arbitraria el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por efectivos del Ejército, policías estatales y de la extinta Dirección Federal de Seguridad.

Fue torturada durante 49 días en la novena Zona Militar en Culiacán, estaba embarazada y la hicieron parir en infrahumanas condiciones; además, se le obligó a presenciar la tortura y ejecución extrajudicial de su esposo, cuyo cuerpo jamás se le entregó. Recuperó su libertad gracias a que su familia pagó un rescate y durante 42 años ha luchado por justicia y la reparación del daño.

Con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la PGR, durante el gobierno de Vicente Fox, presentó una denuncia, pero al paso de los años su derecho de acceso a la justicia se le ha negado.

Ayer, en el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, en una emotiva ceremonia en la que se congregaron defensores de derechos humanos, víctimas de la guerra sucia, sus familiares y funcionarios, y en la que las consignas de aquella época se escucharon fuerte: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ofreció la disculpa pública a Camacho Loaiza, a su esposo y a su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho, quien nació cuando Martha estaba detenida en el cuartel militar y vivió en sus primeros minutos de vida la tortura al ser encañonado con una metralleta como forma de doblegar a su madre.

“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado en el periodo histórico conocido como guerra sucia (…) Le ofrezco una disculpa por la violación de su acceso a la justicia y a reconocer la verdad sobre los hechos, así como del paradero del cuerpo del señor Alapizco Lizárraga y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia.”

Después 42 años de lucha por la verdad y la justicia, Martha Alicia Camacho sentenció que este acto representa una esperanza y un punto de partida para que cientos de víctimas de la guerra sucia puedan alcanzar justicia y reparación del daño, al igual que miles en los años recientes.

Acompañada en todo momento por la fotografía de su esposo, reconoció a su hijo, hijas, nietos, yernos, a su actual compañero de vida, a toda su familia, así como a aquellas otras víctimas y colegas que han estado a su lado. Pidió que se pusieran de pie y el recinto se estremeció con el aplauso. Alguien gritó entre los asistentes: ¡Vivan los valientes de la 23 de Septiembre!. Ella, conmovida, también agradeció el apoyo del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. En ese acto no se dejó de lado la exigencia de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa y para las miles de víctimas de la crisis que vive México.

Camacho criticó la ausencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional: Perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época, reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución. ¡Qué lamentable! Deberían estar aquí porque fue justamente al interior de las instalaciones de la novena Zona Militar de Culiacán donde se cometieron estas atrocidades que van más allá de la comprensión humana.