Autor: Miguel Badillo * / @BADILLO_CONTRA
Resguardados bajo el secreto fiduciario, los fideicomisos mantenidos con recursos públicos han sido históricamente un instrumento financiero impune para manipular y desviar dinero del erario, sin que la población se entere por la falta de transparencia en su operación. Los mexicanos no sabíamos cuánto dinero público allí se guardaba, cómo y quién operaba esos fideicomisos y mucho menos en qué se gastaban dichos recursos.
Se trata de cientos de fideicomisos creados en administraciones pasadas como uno de los peores actos de impunidad y corrupción de gobiernos panistas y priístas, los cuales encontraron en ese modelo financiero la forma de desviar cientos de miles de millones de pesos de dinero público sin rendir cuentas a nadie, porque dichos fondos eran gastados discrecionalmente.
Pero ese despilfarro de recursos públicos parece haber llegado a su fin, pues lo que no pudieron o no quisieron hacer los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –porque de allí se servían impunemente–, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ordenó. El 2 de abril se decretó la extinción de esos fideicomisos (Diario Oficial de la Federación) utilizados para el enriquecimiento ilícito de burócratas; según declaró en su conferencia matutina, unos 250 mil millones de pesos que allí se guardaban se podrán utilizar en programas sociales.
El más claro ejemplo de la corrupción en la operación de esos fideicomisos fueron los conocidos como Aduanas I y Aduanas II, creados en 1993 por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, durante la administración del priísta Carlos Salinas de Gortari. Los miles de millones de pesos que allí se mantenían provenían del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) que pagaban importadores y exportadores, sin que ese recurso ingresara a la Tesorería de la Federación.
En esta columna se ha publicado cómo fue la participación de Gil Díaz y Santiago Creel Miranda en la constitución de los fideicomisos Aduanas I y II, que permitieron al mismo tiempo la creación de las empresas privadas ISOSA, ISSA y COSISA, que fueron utilizadas como caja chica para disponer recursos fuera del presupuesto y, lo mejor para esos actos corruptos, sin tener que reportarlo a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, y tampoco al Congreso.
Posteriormente, Oficio de papel documentó en el gobierno de Vicente Fox ese manejo irregular y poco claro de decenas de miles de millones de pesos correspondientes a fondos públicos.
La misma Auditoría Superior de la Federación reportaría después que en los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Aduanas 1 número 954-8 (constituido en Nacional Financiera por Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda) se guardaba un saldo de 6 mil 374.8 millones de pesos, producto del cobro del DTA.
Aún más, de acuerdo con información del Órgano Interno de Control de Nafin, dicha cifra de fondos públicos se elevó en el primer trimestre de 2004 a más de 7 mil millones de pesos, dinero que Gil Díaz nunca transfirió a la Tesofe.
Al cierre del gobierno de Fox, el patrimonio del Fideicomiso 954-8, coloquialmente conocido como Aduanas I, ascendía a casi 20 mil millones de pesos, dinero que era utilizado de forma discrecional por el entonces secretario de Hacienda, Gil Díaz, quien en su calidad de subsecretario de Ingresos en 1993 lo constituyó con carácter de privado para evitar regulación alguna.
Hablar de los fideicomisos que se mantenían con dinero público es contar oscuras historias de corrupción que quedaron impunes en los gobiernos del PRI y del PAN a pesar del daño patrimonial en contra del erario.
Por ello hay que celebrar que se haya puesto fin a esas cuentas impunes creadas oficialmente para robar el dinero de los mexicanos.
La familia Gil Díaz
Padre, hijo y sobrinos han sido marcados por la corrupción, el abuso y los procesos penales. La familia Gil Díaz puede describir así su propia historia: hacer negocios sucios con y desde el poder. Éste es sólo un buen ejemplo de cómo burócratas y empresarios se sirvieron del poder y se enriquecieron ilícitamente en por lo menos los últimos 5 sexenios –30 años de administraciones priístas y panistas.
En columnas anteriores comenté cómo este caso de la familia Gil Díaz confirma por qué el presidente López Obrador enfrenta tantas resistencias para romper con ese régimen corrupto que cuenta con una sólida estructura y que se niega a perder los privilegios obtenidos en varias décadas, tiempo en el que millones de mexicanos quedaron atrapados en la pobreza, la inseguridad, la injusticia, la desigualdad y la violencia.
Claramente se trata de una herencia de corrupción, en donde Gil Díaz, como muchos priistas y panistas, abusó, primero como subsecretario de Hacienda en el gobierno de Salinas y después como titular de esa misma dependencia en el gobierno panista de Fox, al disponer de miles de millones de pesos de dinero público para su beneficio personal, en un entramado financiero creado por él –en colusión con el panista santurrón Creel Miranda, exsecretario de Gobernación– a través de la empresa “privada” Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA) y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, en los cuales recaudaba recursos públicos por el cobro del derecho de trámite aduanero y disponía de ese dinero como si fuera privado. El abuso y el cinismo como regla de vida.
Pero también su hijo Gonzalo Gil White, accionista de la empresa petrolera Oro Negro, creada exprofeso para rentarle plataformas a Petróleos Mexicanos (Pemex), es ahora prófugo de la justicia por los delitos de abuso de confianza y fraude por el uso indebido de manejo de recursos.
Gil White vio una oportunidad de negocios en Pemex para continuar con la herencia de su padre (Francisco Gil Díaz) de servirse de recursos públicos mediante negocios con la principal empresa del Estado, cuando al frente de ésta se encontraba otro procesado penalmente Emilio Lozoya Austin, quien está preso en España y sujeto a extradición.
Otro más de esa familia abusiva y corrupta es el sobrino de Gil Díaz, José Antonio Cañedo White, quien también tiene orden de aprehensión por su participación en la empresa Oro Negro.
También tiene problemas legales un sobrino más, Martín Díaz Gil, envuelto en casos de fraudes y corrupción, vinculado primero con Amado Yáñez en la empresa Oceanografía, que hacía negocios ilícitos con Pemex que lo llevaron a prisión, y que enfrenta demandas de Banamex. Martín Díaz también está involucrado en el fraude de Caja Libertad, que mantiene al abogado Juan Collado en prisión. ¡Qué bonita familia!
