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El periodo legislativo concluye con la prohibición del régimen general de subcontratación o outsourcing. Esto implica la restitución de la seguridad social y la estabilidad en el empleo.

Luego de más de 30 años de pulverización de los derechos de los trabajadores, el péndulo de la historia marca el regreso de los derechos al mundo del trabajo. No es poca cosa. Las medidas tomadas por la actual mayoría en el Congreso de la Unión no solo impactan positivamente en las familias trabajadoras, también tendrán un impacto positivo en la economía al mejorar el poder adquisitivo y por lo tanto el mercado interno.Para sopesar la trascendencia de las reformas impulsadas en lo que va del sexenio es necesario hacer un poco de historia.

Entre 1982 y 2018 bajó el poder adquisitivo del salario mínimo en un 75 por ciento. Apostaron al desempleo para abaratar el valor del trabajo. Propusieron mantener el número de empleos en las empresas a cambio de bajar salarios. Hicieron del salario miserable un atractivo “competitivo” para la inversión. Desmantelaron los grandes contratos colectivos por rama de actividad. Llevaron el empleo formal del 66 por ciento a solo el 40 y, elevaron el trabajo informal al 60 por ciento del total del trabajo.

Incluso llevaron el trabajo informal al interior de la economía formal, con lo que se expandió la precarización del trabajo donde no debería haber sucedido.

Privatizaron e individualizaron las pensiones, copiando el modelo pinochetista de Chile. Despidieron a la totalidad de trabajadores de cientos de empresas, como Uramex, Ruta 100, Mexicana de Aviación, Luz y Fuerza del Centro y muchas más. Alentaron la desindicalización.

Y, como si no fuera suficiente, en el año 2012 se aferraron a una reforma laboral regresiva que fue criticada por casi todas las organizaciones de los trabajadores.

Con esa reforma legitimaron contratos sin derechos para jóvenes aprendices, el pago por hora, el despido fácil y barato; sustituyeron los criterios de antigüedad por los de productividad para el ascenso laboral y, entre muchas otras cosas, legalizaron el régimen inhumano de outsourcing o subcontratación.

Hicieron polvo el mundo del trabajo y la calidad de vida de las familias trabajadoras.Por fortuna, en 2018 cambió la correlación de fuerzas en el país y en el Congreso y esto permitió la revaloración del trabajo y de quienes lo realizan, a través de nuevos acuerdos y de reformas progresistas en el Congreso de la Unión.

La reforma que prohíbe el régimen general de outsourcing, aprobada por el Senado de la República la semana pasada, se inscribe en esta generación de enmiendas que han sido posibles gracias a la existencia de una mayoría progresista en las cámaras legislativas.

También se encuentran en esta nueva oleada de reformas la aprobación del Convenio de la OIT sobre negociación colectiva y libre sindicalización. De la misma manera se inscriben modificaciones para asegurar la contratación colectiva auténtica, la justicia laboral autónoma, la democracia sindical, salario igual a trabajo igual, los derechos de seguridad social para las trabajadoras del hogar, la que ordena que el salario mínimo nunca podrá incrementarse por debajo de la inflación, el aumento en pensiones, la del Infonavit, entre otras, que se han aprobado en los últimos dos años y medio.

Ahora, el periodo legislativo concluye con la prohibición del régimen general de subcontratación o outsourcing y la regulación de la subcontratación por trabajo u obra determinada.

Esto implica la restitución de la seguridad social, la estabilidad en el empleo y el reparto de utilidades para millones de trabajadores.Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de quienes se integraron a la vida laboral a partir de la década de los 90 del siglo pasado jamás han podido disfrutar de muchos derechos hoy recuperados.

También se debe destacar que la eliminación del outsourcing fue fruto de la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia y del acuerdo propiciado por el Presidente de la República con los representantes obreros y empresariales.

Estos últimos coincidieron en que recuperar los derechos laborales es también una buena noticia para la economía.