Gobierno, empresas y sociedad deben unirse para conservar medio ambiente

En el Estudio Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018, señaló que hace falta un enfoque transversal en el abordaje del derecho al medio ambiente para establecer estrategias conjuntas, como políticas de movilidad, de vivienda y de salud, entre otras, por lo que es fundamental motivar la participación de más actores para garantizar el derecho al medio ambiente sano.

Refirió que en México existe una proporción importante de población que habita en localidades rurales y comunidades indígenas que aún carecen de infraestructura de agua potable y servicios de drenaje en sus viviendas.

El informe, que busca motivar una política con enfoque de derechos que busque garantizar el ejercicio pleno del derecho al medio ambiente detalló que en 2015, en el país 94.4 por ciento de la población contaba con agua entubada en su vivienda.

Sin embargo, 12.8 por ciento de las viviendas particulares habitadas por población indígena no disponían de este servicio, en tanto que el porcentaje de las viviendas de población no indígena a nivel nacional fue de 3.3 por ciento; en el mismo periodo, la cobertura de población con drenaje en su vivienda fue de 91.4 por ciento a nivel nacional, en localidades urbanas fue de 96.6 por ciento; en rurales, 74.2 por ciento y de 73.1 por ciento para la población indígena.

En un comunicado, el Coneval expuso que durante la elaboración de este estudio se identificaron retos para garantizar el ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar.

Al respecto, detalló que uno de ellos es que la disponibilidad efectiva de agua potable en las viviendas no está garantizada por la conexión a la red pública; así en el país, 73 por ciento de los hogares con tubería de agua en su domicilio cuenta con el suministro diario, 13.9 por ciento de seis a tres veces por semana y 13.1 por ciento dos veces o menos por semana.

En ese sentido, detalló que las poblaciones más afectadas se sitúan en Hidalgo, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Puebla, donde el suministro de agua diario es menor a 50 por ciento en las viviendas que cuentan con toma domiciliaria de agua conectada a la red pública.

Añadió que aun cuando se ha alcanzado una cobertura importante de desinfección de agua suministrada para consumo humano, con una incidencia de 97.3 por ciento en 2016, no se garantiza que esto permanezca así, ello, debido la falta de mantenimiento de la infraestructura pública o de un inadecuado almacenamiento.

Así, ejemplificó que 70.8 por ciento de los hogares compra agua embotellada para beber, mientras que 12.2 por ciento bebe directamente agua de la red pública.

El Coneval expuso que es necesario un enfoque de sustentabilidad en el uso del agua, en específico, en el sector agropecuario que utiliza 76.3 por ciento de la demanda total de agua en el país, aunado a que como consecuencia de fugas se desperdicia casi 30 por ciento del recurso en la conducción en distritos de riego.

Lo anterior, detalló el consejo, se suma a que las actividades agrícolas contribuyen a la contaminación de cuerpos de agua mediante el uso de fertilizantes y pesticidas, el cual se ha incrementado en 18.7por ciento de 1996 a 2014.

Abundó que de acuerdo con el estudio se registran altos niveles de contaminantes en el aire de las principales zonas metropolitanas del país, lo que se traduce en un grave problema de salud pública; así, se estimó que para 2016, 4.7 por ciento de muertes fueron atribuibles a la contaminación.

Precisó que los sectores que más inciden en la generación de contaminantes son los vehículos automotores y la generación eléctrica; así, expuso que en 2015, 79.7 por ciento de la energía eléctrica generada fue a partir de fuentes convencionales y solo 20.3 por ciento de tecnologías limpias.

Añadió que otro aspecto encontrado en la investigación refiere que la baja calidad del aire también se presenta al interior de las viviendas que utilizan leña para cocinar, sobre todo en las comunidades indígenas y la población rural; en 2016, 7.6 por ciento del total de viviendas no indígenas cocinaba con leña o carbón y no tenía chimenea; en tanto 42.5 por ciento e las viviendas indígenas usaron leña o carbón para cocinar y no contaban con chimenea.

A su vez, hay una ausencia de un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos que deriva en la contaminación en mantos acuíferos, suelos y aire, así como en un bajo nivel de reutilización y valoración de los desechos.

Precisó que sólo se recicla 5.0 por ciento del total de los residuos sólidos generados, por lo que es necesario contar con un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos para evitar la contaminación de mantos acuíferos, suelos y aire, ello, sumado a la necesidad de ampliar el nivel de reutilización y valoración de desechos.

El consejo destacó en el estudio que México tiene altos niveles de pérdida de cobertura vegetal y degradación del suelo, así, alrededor de 50 por ciento del territorio ha perdido su cobertura vegetal original, lo que implica pérdida de biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero, pérdida de fertilidad del suelo y aparición de erosión, que deriva en la disminución de la producción de alimentos.

Detalló que por tipo de ecosistema, el porcentaje de pérdida es de 42.5 por ciento en selvas; en pastizales 39.8 por ciento; en bosques, 27.5 por ciento y en matorrales 10.3 por ciento; ello, como resultado de la expansión de la superficie para terrenos agrícolas, pastos para el ganado, actividades mineras, expansión urbana o creación de infraestructura.

A su vez, explicó que México es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica y características sociales; así, en 13 entidades del país existen municipios clasificados con vulnerabilidad alta y muy alta ante el cambio climático, la mayoría ubicados en la región sur y sureste del país.

En estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca se concentra la pobreza y el rezago social; por ello, es necesario reducir la vulnerabilidad de la población frente a eventos catastróficos como sequías y lluvias torrenciales producto del cambio climático.