Las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de reforma constitucional en materia educativa que, entre otros puntos, establece la obligatoriedad de la educación inicial y superior, y desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Asimismo, elimina las evaluaciones que afectan la permanencia de los maestros en el servicio y establece que los derechos laborales de éstos se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Carta Magna.
Los Comisiones Unidas aprobaron el documento en lo general y en lo particular con 48 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones, y acordaron que las propuestas de modificación se presenten y discutan ante el Pleno cameral.
La Comisión de Puntos constitucionales emitió 25 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones (del PT), y la Comisión de Educación 23 en pro, tres en contra (de Morena) y siete abstenciones (dos del PT, cuatro de Morena y una del PAN).
El análisis del dictamen inició a las 9:10 horas con la presentación y lectura del documento a los integrantes de ambas comisiones y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, y posteriormente comenzó su discusión. La votación se realizó a las 12:00 horas.
El dictamen reforma, adiciona y derogas diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política.
Indica que corresponde al Estado la rectoría de la educación, “la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
El documento deja intacta la fracción VII del artículo 3, donde se garantiza la autonomía de las universidades.
Desaparece el INEE y en su lugar se crea un organismo para la mejora continua de la educación, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado. Asimismo, señala que éste contará con un Consejo Ciudadano honorífico.
Este organismo realizará estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional.
La reforma educativa abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE.
Estipula que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
La admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Se faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Señala que el Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020.
En el Artículo Decimosexto Transitorio se estipula que “con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el artículo 123 constitucional Apartado B”.
La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), afirmó que para la elaboración de este dictamen “se ha privilegiado el diálogo y la construcción de consensos, porque no es un tema menor, estamos hablando de una de las reformas más importantes de este gobierno tener un acuerdo educativo” y destacó que para su redacción se consideraron todas las voces expresadas en las audiencias públicas.
La legisladora sostuvo que para su elaboración se incluyeron las iniciativas que presentaron el Ejecutivo; los coordinadores de los diputados del PAN, PRD, PRI y MC, así como propuestas de los legisladores Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), Julieta Macías Rábago (MC), Erik Isaac Morales Elvira (Morena) y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (MC).
Por su parte, la diputada Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseveró que la reforma educativa es progresista y pone a los niños y jóvenes en el centro, lo cual “es la prioridad que esta (LXIV) Legislatura asumió y es prioridad en nuestra agenda como grupo parlamentario”.
Reconoció la disponibilidad de los legisladores de diferentes grupos parlamentarios que integran las comisiones para dictaminar la iniciativa de la reforma educativa, ya que “proyecta los interese de varios de ellos en este tema, en construir y fortalecer el sistema educativo”.
