Los casos de la Casa Blanca de Angélica Rivera y las propiedades de Julia Abdalá no tienen similitud alguna. El primero ejemplificó a la perfección la corrupción estructural y la captura del Estado por intereses privados característicos del viejo régimen. El segundo fue un caso fabricado por los intereses más mezquinos con el fin de vengarse tanto por la contundente defensa de la soberanía nacional de Manuel Bartlett como por la valiente cruzada contra la corrupción encabezada por Irma Eréndira Sandoval.
Después de las elecciones de 2012, la esposa de Enrique Peña Nieto, y también Luis Videgaray, aceptaron lujosas residencias a precios fuertemente descontados de parte de un poderoso contratista del gobierno federal que posteriormente recibiría jugosos contratos de los mismos funcionarios a quienes había apoyado. El intercambio corrupto, el cínico quid pro quo, fue evidente para todos y todas.
En contraste, ni el titular de la Comisión Federal de Electricidad ni su pareja sentimental, Abdalá, han recibido residencia o prebenda alguna como resultado del trabajo del primero en la administración pública federal. Es más, ni siquiera existe alguna acusación o denuncia al respecto.
El único pecado de Bartlett durante la actual administración fue su exitosa renegociación de los contratos leoninos y corruptos firmados por el gobierno de Peña Nieto con la empresa transnacional Sempra Energy, cuya filial en México, IEnova, es dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, antiguo secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo. La posición firme de Bartlett logró ahorrar al pueblo mexicano por lo menos 600 millones de dólares, algo que los intereses corruptos simplemente no perdonan.
En venganza, estos intereses recurrieron a su periodista favorito, el experto en montajes Carlos Loret de Mola, para intentar obligar al gobierno de López Obrador a despedir a Bartlett. Lo que presentó Loret no fue un ejemplo deperiodismo de investigación de buena factura (Sergio Aguayo dixit), sino la divulgación por encargo de información recabada por los servicios de espionaje del viejo régimen. Aguayo insulta la inteligencia de la ciudadanía y desprestigia al verdadero periodismo al comparar el sicariato de Loret con las investigaciones del equipo de Carmen Aristegui.
Aun así, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,comprobó una vez más su compromiso con los más altos estándares profesionales al utilizar todas las herramientas a su alcance para indagar y averiguar cada elemento aportado por el ex empleado de Televisa. Se comprobó fuera de cualquier duda que Bartlett no había mentido en su Declaración Patrimonial ni incurrido en algún acto de corrupción o conflicto de interés durante su cargo actual, tal y como está asentado en el Informe Técnico correspondiente (véase: bit.ly/39xwQkW).
Se procedió sin filias ni fobias y con un absoluto compromiso con el Estado de derecho, de la misma forma en que se había procedido en los casos de otros funcionarios tanto del viejo como del nuevo régimen, incluyendo Rosario Robles, Emilio Lozoya, Carlos Lomelí y Miguel Ángel Lozada Aguilar.
Pero al demostrar su integridad e independencia de los poderes fácticos, al rechazar las presiones mediáticas y negar a prestarse al montaje de Loret, ahora Sandoval es quien se ha convertido en el enemigo público número uno del viejo sistema.
Como dinosaurios heridos, los viejos comentócratas se lanzan con furia en contra de la titular de la SFP porque supuestamente tendría que haber comprobado el origen lícito de las propiedades de Abdalá y sancionado a Bartlett por su participación en el fraude de 1988.
Quienes así opinan evidencian tanto su total ignorancia de la ley como su mezquina complicidad con los intereses más oscuros. La institución responsable de investigar un posible enriquecimiento ilícito de la señora Abdalá es la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de la Función Pública no tiene competencia alguna en asuntos electorales.
Esta indignante cruzada en contra de una de las funcionarias más emblemáticas de la administración actual la promueven las mismas voces antiobradoristas que siempre han insistido que todos son iguales. Son quienes se hicieron de la vista gorda durante el fraude electoral de 2006, promovían el voto nulo en 2012 y hoy buscan desesperadamente desactivar la fuerza de la Cuarta Transformación.
Lo que en realidad no ha cambiado no es el gobierno federal, que hoy está dirigido por un grupo de ciudadanos en las antípodas del régimen anterior, sino la vieja comentocracia que no hace otra cosa que repetir las mismas fórmulas caducas y enclenques de siempre.
Personajes como Aguayo y Denise Dresser, para sólo mencionar un par de ejemplos, creen que se lucen asestando golpes bajos al nuevo régimen democrático, cuando en realidad sólo evidencian su profundo conservadurismo. Pierden legitimidad y rigor al confundir la gimnasia con la magnesia y hacen el juego sucio a los poderes fácticos en su cruzada contra la transformación que hoy se vive en la Nación.
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