El próximo miércoles se votará en el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley que regule la terciarización (outsourcing) informó a sus compañeros de bancada el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. Una vez que concluyan las rondas de negociación entre el sector empresarial y el gobierno federal -con objeto de consensuar probables cambios a la propuesta del Ejecutivo Federal- la Comisión de Trabajo y Previsión Social, también ha recibido información que sostiene la viabilidad de ese tipo de contratación.
Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados esperarán al lunes por la noche, con objeto de que las mesas de negociación entre el gobierno y los empresarios, presenten un paquete de propuestas susceptibles de ser incorporadas al dictamen. Tras ocurrir eso, las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda procederán a dictaminar el documento durante el martes, y al aceptarse el contenido en lo general, se enviará a la Mesa Directiva para que la integre al orden del día del miércoles, y se someta a discusión en lo general y particular.
En tanto los argumentos entregados al grupo de trabajo controvierte la propuesta presidencial porque no contempla que miles de empresas son usuarias de la subcontratación de todos los tamaños y en todos los sectores económicos. Los empresarios continúan insistiendo en que el impacto de la propuesta significará “el freno a la inversión, desempleo y amplitud de la informalidad”.
Así, reiteran que el 94.9 por ciento de los micro negocios emplean el 9.5 del personal subcontratado, y las pymes subcontratan a 44.7 de su personal. Mientras las grandes empresas el 45.8 del personal es subcontratado. El sector servicios ocupa el 34.8 del personal subcontratado, el comercio el 30.5, y las industrias el 24.9.
“Eliminar la Subcontratación, aumentaría la informalidad laboral ya que el modelo de negocios de este esquema permite que todos los trabajadores subcontratados estén registrados en el IMSS, pues empresarios no incluyen a un tercero en la relación laboral sino va a garantizar la protección social de sus trabajadores. Así, la subcontratación ayuda a reducir la informalidad laboral.”
La información que se ha distribuido entre diputados de diversos partidos considera que “la economía mexicana se vería seriamente afectada de aprobarse la iniciativa sobre subcontratación propuesta por el gobierno federal. Hay que regularla no eliminarla, pues no debe perderse de vista que bien llevado, este esquema cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia y es muy importante en la actividad económica y de generación de empleo formal y digno del país.
“Criminalizar esta actividad, que es legal en todo el mundo, pone en riesgo más de 5 millones de empleos, a las inversiones nacionales y extranjeras, así como acuerdos internacionales como el T-MEC, o convenios con Europa y la OIT. Y por el contrario no parará a los que simulan y defraudan pues seguirán haciéndolo con otros mecanismos. Eliminar la subcontratación provocaría que sectores económicos completos y empresas perdieran competitividad, ya que esta actividad aumenta la productividad de las empresas.”
El panorama que vislumbran los empresarios, resultaría ominoso, porque desde su perspectiva México se colocaría en “desventaja a México en materia de inversión y creación de empleos. Mucha gente emigraría a la Informalidad; elevaría el costo laboral, echaría abajo la competitividad en sectores especializados y de exportación, abriendo la puerta a una mayor informalidad; generará pérdida de empleos formales, pone en el mismo nivel de crimen organizado a quien ofrece y contrata este servicio y en el más puro estilo dictatorial, fue elaborada a espaldas de partidos políticos, empresarios y actores sociales.”
