Categoría: Política

Alejandro Gertz Manero, actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, fue designado por el Senado como nuevo fiscal general de la República por un periodo de nueve años.

Este viernes el Pleno del Senado aprobó su designación con 91 votos a favor, superando los 9 votos a favor de Bernardo Bátiz, ex procurador general de Justicia de la Ciudad de México, y los cero votos a favor de Verónica de Gyves, ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en contra de la terna se registraron 17 votos.

Durante el pleno, Gertz Manero aseguró que él nunca ha pertenecido a un partido político y que ha colaborado con todos los gobiernos, por lo que resaltó que su único objetivo será cumplir con su deber.

Los servidores públicos podemos trabajar sin ningún problema porque cumplimos con nuestro deber, en ese sentido no siento yo ninguna preocupación”, expresó.

Al respecto, también garantizó que en su administración no tolerará un solo caso de corrupción, pues según él, busca que la sociedad conozca la verdad con claridad, buena fe y con el trabajo conjunto con la participación de las víctimas.

La verdad, conocerla de buena fe con claridad y sobre todo con la participación de las víctimas y de los ofendidos, no hay mejor coadyuvancia que esa, no hay mejor legitimidad que la de la víctima y el ofendido que acompañan al instrumento de la justicia”, socializó.

A su vez, Alejandro Gertz resaltó que en el país ya no habrá “ni una persecución más, ni un ocultamiento más, ni un encubrimiento más”, pues desea lograr el cambio que en realidad requiere el país.

La bancada del PAN votó en contra de los tres aspirantes, por considerar que en la terna enviada por el Presidente de la República existe un “grave conflicto de interés”.

Durante los posicionamientos previos a la votación, el senador panista Damián Zepeda dijo que con la terna enviada por la Presidencia no se logró el objetivo de tener un fiscal autónomo y llamó a la oposición a rechazarla.

Previamente los senadores Antonio García Conejo, del PRD, y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, adelantaron que sus grupos parlamentarios votarían por alguno de los tres integrantes.

En acuerdo sostenido hoy entre los Ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación la (SCJN) hacen el siguiente comunicado:

El artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciban los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Por su parte, el artículo 123 constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual.

Derivado de lo anterior, las percepciones que reciben los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes.

Sin embargo, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece.

En estas condiciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25 por ciento respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018.

Asimismo, la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación -conforme a lo aprobado en el PEF 2019- a efecto de asegurar, como mandata el artículo 94 constitucional, arriba citado, que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo.

Las determinaciones anteriores obedecen a la nueva política de austeridad impulsada por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y serán complementadas con otras medidas que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública. También, se tomarán medidas para asegurar la independencia de Magistrados, Jueces y de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación frente a otros Poderes.

En el documento de petición, la organización acusa a los ministros de no querer ajustarse al artículo 127 constitucional, el cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

“Estamos acompañando a abogados que vienen de Guerrero y Zacatecas, que han presentado una demanda de juicio político en contra de los ministros de la SCJN, con (el respaldo de) más de cuatro mil firmas de ciudadanos. El fundamento de la demanda es que han violado los más altos principios de la justicia en México”, indicó, Cayetano García.

El pasado martes 18 de diciembre, el Frente Unidos Podemos por la Cuarta Transformación de México, presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del ministro de la SCJN, Alberto Gelacio Pérez Dayán, por considerar que al suspender la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos violó la norma.

“Como representantes populares tenemos toda la legitimidad para acompañar a los que están en este momento presentando esta dolencia constitucional”, expresó en rueda de prensa conjunta, con los legisladores Javier Manzano Salazar, Carlos Sánchez Barrios y María del Rosario Merlín García, junto con integrantes de dicho comité.

Cayetano García, comentó que, como diputados federales, “no podemos omitir acompañar la petición, inquietudes y procesos que inicien aquí distintos compañeros, a quienes representamos legítimamente en nuestro estado y en la nación”.

Explicó que los diputados federales no son autores de la demanda de juicio político, “a pesar de que, en caso de un servidor, soy abogado, fui presidente de un colegio de juristas, he dejado de litigar, no llevo juicios, me di de baja en Hacienda para que no vaya a haber influyentísimo”.

Gabriel Alonso Márquez, abogado e integrante del Comité Pro Dignificación del Poder Judicial Federal, detalló que la solicitud de juicio político que presentaron, tiene como objetivo que los ministros respeten la norma establecida en el artículo 127 de la Carta Magna.

Agregó que el comité fue creado en 11 de diciembre y su demanda cuenta con el respaldo de cuatro mil 50 firmas de ciudadanos: tres mil 343, del estado de Guerrero, y 700, del estado de Zacatecas.

Alonso Márquez recordó que el 25 de agosto de 2009, entro en vigor la reforma constitucional al artículo 127, fracción II, la cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el titular del Ejecutivo.

Detalló que el transitorio de este artículo señala que, en el ejercicio presupuestal siguiente, se tiene que ajustar esa disposición constitucional, la cual “no fue impugnada por los ministros”.

“Que no la aplicaron los presidentes anteriores, esa es otra cosa. Una disposición constitucional se debe respetar como lo establece la Carta Magna y sobre ella no existe ley alguna”, dijo.

“El tema central no es ni una agresión, ni es una limitación en contra del Poder Judicial, solamente queremos que los señores ministros se ajusten a la Constitución, como todos los ciudadanos estamos obligados a respetar las leyes…Resulta incongruente que los guardianes, los responsables de salvaguardarla desde 2010 a la fecha, de manera permanente y sistemática, la están violando”, añadió.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que su bancada buscará un diálogo legislativo respetuoso y cumplirá su compromiso de cambiar el modelo energético para que sea posible reducir el precio de los combustibles.

En conferencia de prensa con diputados de su bancada y el coordinador parlamentario del PES, Fernando Manzanilla Prieto, así como el vicecoordinador del PT, Óscar González Yáñez, Delgado Carrillo dijo que “siempre han sido claros en el tratamiento que se le dará al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS), a fin de “en el mediano plazo, reducir el costo de los combustibles”.

Es un “falso debate el que está planteando la oposición (conformada por el PAN, PRI, MC y PRD)”, pues ya se han dado a conocer “los pasos para reducir la dependencia de gasolina que tiene nuestro país, aumentemos la capacidad de refinación”, sostuvo.

Hoy martes, el pleno cameral aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2019; sin embargo, en el trascurso de la discusión en lo particular, diputados de oposición comenzaron una protesta y la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna, decretó un receso, “hasta que se restableciera el orden”.

Respecto a estos acontecimientos, Delgado Carrillo señaló que “sin duda el tema del gasolinazo y los distintos matices que se le quieren dar en el debate político altera los ánimos”.

“La forma en que se llevó hoy, por parte de todos, hay que reconocerlo, fue inconveniente, y por eso decidimos continuar la sesión el día de mañana (miércoles)”, abundó

Por otro lado, González Yáñez apuntó que la alianza legislativa entre Morena, PES y PT “sigue firme y vamos a sacar de manera responsable todo el Paquete Económico (2019), buscando el beneficio para el pueblo de México”.

“Hay resistencias, como es evidente, al cambio de modelo económico, pero nosotros vamos a seguir avanzando con el mandato que nos dio el pueblo de México, que es transformar este país. Nuestra alianza legislativa va a seguir avanzando”.

Comentó que abrirán “un espacio de diálogo con las demás fuerzas políticas, pero hasta donde la prudencia política nos dé. Nuestro compromiso es con el pueblo de México y con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Manzanilla Prieto confió en que al reanudar la discusión, en lo particular, de la Ley de Ingresos, ésta se dará “en un tono más pacífico y armonioso”, porque al debatir el Paquete Económico “todos debemos dar muestras de civilidad”.

La Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República que reforma la Constitución Política a fin de que la extinción de dominio también aplique en los delitos de corrupción, ilícitos cometidos por servidores públicos y robo de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos.

Asimismo, para facultar al Congreso de la Unión a que expida una legislación única de carácter nacional sobre extinción de dominio, que supla a la actual Ley Federal de Extinción de Dominio.

El Pleno avaló la minuta en lo general por unanimidad, con 464 votos, así logró la mayoría calificada requerida; y posteriormente en lo particular, con 394 votos a favor, 68 en contra y cero abstenciones, luego de desechar una reserva que presentó la diputada Pilar Ortega Martínez (PAN).

El documento fue turnado a los Congresos locales para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen modifica el segundo párrafo del artículo 22 Constitucional y le agrega un tercer, cuarto y quinto párrafo, a fin de ampliar el catálogo de delitos a los cuales se aplicará la extinción de dominio.

La actual redacción del artículo contempla que la extinción de dominio procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.

Se agrega que también serán objeto de extinción de dominio bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos e ilícitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

El documento aprobado puntualiza que toda persona que se considere afectada por el ejercicio de la extinción de domino, en los términos de procedencia antes señalados, “se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento”.

La minuta expone que “la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal”, y serán “las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función”.

Destaca que la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio.

En tanto, las modificaciones al artículo 73 de la Carta Magna, facultan al Congreso de la Unión para expedir una legislación única sobre extinción de dominio, en los términos del artículo 22. Ésta, de acuerdo al artículo segundo transitorio, deberá ser expedida en un plazo de 180 días posteriores al inicio de su vigencia.

Al fundamentar la minuta, la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que estas reformas “son medidas urgentes para fortalecer el combate inteligente contra el crimen organizado y los hechos de corrupción, como base estratégica de seguridad pública y procuración de justicia”.

Sostuvo que este tema es primordial “para acabar con la corrupción y el quebrantamiento de la ley, desalentando con ello la capacidad operativa con la que cuentan colectivos que actúan cometiendo ilícitos, como es el caso de la delincuencia organizada”.

La extinción de dominio, está “dentro de la estrategia de seguridad pública, es considerada para atacar los fondos económicos con los cuales la criminalidad crea, corrompe y destruye la institucionalidad del Estado”, apuntó.