El abucheo no fue en todo el estadio, lugar estratégico para que se escuchara donde estaban los medios. El estadio no estuvo lleno como lo habían anunciado. No se llenó. Cada quien cuenta lo que vió y vivió.
Un grupo de acarreados fueron colocados estratégicamente en un sector de las gradas donde se encontraban los medios para que se escuchara más fuerte y que pareciera que todo el estadio lo abucheaba.
Aquí compartimos el testimonio Sandy Aguilera.
También en la ley, como falta administrativa grave, simulación de reintegro de recursos.
El Pleno del Senado de la República aprobó –con 110 votos- reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, en materia de inhabilitación definitiva y temporal a servidores públicos y personas físicas y morales cuando incurran en faltas administrativas graves.
Las modificaciones planteadas en el dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera, establecen la llamada “muerte civil” a los servidores públicos que realicen actos de corrupción.
Se modifica el artículo 78 para imponer la inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, cuando los servidores públicos incurran en una falta grave, establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
También se plantea la inhabilitación temporal para cuando no se hayan causado daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, y una sanción de tres meses a un año de inhabilitación.
La sanción podrá ser de uno y hasta 10 años, si el monto de la afectación no excede 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
A propuesta del senador Miguel Ángel Mancera, el Pleno aprobó modificar el dictamen, por 102 votos, y añadir: Procederá la inhabilitación definitiva si el monto de la afectación de la falta administrativa grave excede mil 500 veces el valor diario de la UMA.
En el dictamen se reforma el artículo 81, relativo a sanciones por faltas de particulares, para incluir la inhabilitación definitiva personas físicas y morales para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La ley prevé, en sus artículos 88 y 89, que la persona que haya realizado alguna falta administrativa grave o falta de particulares, podrá confesar su responsabilidad para acogerse al beneficio de reducción de sanciones.
La aplicación de este beneficio puede reducir entre 50 y 70 por ciento el monto de las sanciones impuestas al responsable; hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal por faltas de particulares.
Con la reforma, se establece en el artículo 89 que tratándose de la inhabilitación definitiva por faltas de particulares, la aplicación del beneficio será de entre 30 y 50 por ciento.
En el Código Penal Federal se establece la inhabilitación temporal o definitiva en su artículo 212, en el capítulo de delitos cometidos por servidores públicos.
Las faltas administrativas graves de los servidores públicos son: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
Los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, son: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos.
Las modificaciones fueron remitidas a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
Asimismo, el Pleno aprobó otro dictamen –con 108 votos- de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera, que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para integrar la simulación de reintegro de recursos en el capítulo de faltas administrativas graves de los Servidores Públicos.
Establece que incurrirá en simulación de reintegro de recursos, el servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la Auditoría Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, órganos internos de control, o cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado y, posteriormente, los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban destinados por disposición de ley.
Estas modificaciones fueron remitidas a la Cámara de Diputados.
Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, detalló que en 12 años, la Secretaría de la Función Pública impuso 112 mil sanciones económicas (rondan 14 mil millones de pesos), a 93 mil 527 servidores públicos. Sin embargo, la mayoría de ellas no se sostiene ante tribunales, y los actos de corrupción quedan impunes. Sólo en 28 casos de los citados, procedió la inhabilitación.
En cuanto a la simulación de reintegro de recursos, señaló que esta es una práctica en muchas entidades federativas. Por ello la necesidad de legislar para evitar se sigan cometiendo para solventar las auditorías a las finanzas públicas.
Mayuli Latifa, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, comentó que la corrupción es una plaga corrosiva para la sociedad, que socava la democracia y el Estado de Derecho. Da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el fortalecimiento de la delincuencia organizada.
En relación con la simulación de reintegro, detalló que el órgano fiscalizador ha presentado 86 denuncias de hechos ante instancias federales. Subrayó que la sociedad está resentida por actos de corrupción de altos funcionarios.
El senador Mario Zamora Gastélum, del PRI, dijo que la simulación en el reintegro de los recursos públicos no es un tema menor. Entre 2012 y 2017, esta conducta costó a los mexicanos más de 4 mil millones de pesos. Por ello, expresó el respaldo de su bancada a esta reforma, porque se envía un mensaje claro: cero tolerancia a la corrupción.
Del PAN, el senador Julen Rementería del Puerto, coincidió en que con estos cambios se avanza de manera formal en el combate a la corrupción. No obstante, dijo que aún queda mucho por hacer, pues este mal no se elimina con dichos.
El senador Cristóbal Arias, de Morena, se pronunció en favor del dictamen al considerar que la corrupción se convirtió en un cáncer que ha corroído la Administración Pública Federal, en distintos órdenes y niveles de gobierno. Es una práctica perniciosa que ha hecho mucho daño a México, señaló.
En el mismo sentido, el senador Oswaldo Fuente Solís, del PAN, aplaudió la medida que inhabilita de por vida a un servidor público, por actos de corrupción y mal uso de sus funciones. En Nuevo León, dijo, nueve de cada 10 empresas manifestaron tener conocimiento de actos de corrupción realizados servidores públicos.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, aseguró que la “muerte civil” es fundamental para que los corruptos no vuelvan a estar en una boleta electoral; no accedan a ningún cargo por dedazo, ni tengan negocios licitados con el gobierno. No importa el monto o la ofensa. Por cualquier acto de corrupción deben ser inhabilitados de por vida, puntualizó.
La senadora del PRI, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, dijo que el combate a la corrupción no es un asunto de partidos ni de poderes. Es un asunto de unidad y voluntad de todos los actores gubernamentales y ciudadanos, para que el servicio público cumpla a cabalidad la ley.
La senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena, destacó el hecho de que se legisle en contra de prácticas corruptas para sanear al servicio público. Señaló que desde hace décadas ya había leyes que sancionan esas prácticas, pero no existía voluntad política para tomar las decisiones, como se ha hecho en el actual gobierno contra el robo de combustibles y el desvío de recursos.
A su vez, el senador Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, señaló que con el dictamen correspondiente se pretende inhabilitar a los servidores públicos que causen daños o perjuicios al Estado mexicano, al justificar que la corrupción y la impunidad son un cáncer para la sociedad.
En favor del dictamen, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, recordó que presentó ante el Pleno una iniciativa para que todos los senadores transparenten sus bienes.
Por el PAN, Marco Gama Basarte, reconoció a las diversas fuerzas políticas por el compromiso para fortalecer el andamiaje jurídico que sancione ejemplarmente las conductas que agravian a la ciudadanía y que provocan tanto daño al sistema democrático. Además, hizo un llamado para que se aplique la ley y no la amnistía propuesta por el Presidente.
Ricardo Sevilla, un ex periodista y literato que afirma que Enrique Krauze y Fernando García Ramírez participaron en una campaña para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia, en entrevista con Carmen Aristegui dijo que “la trama rusa”, vincular al político de izquierda con el Gobierno de Rusia, fue idea de un equipo –del que él era parte– financiado por el empresario Agustín Coppel.
Vincular a López Obrador con Rusia resultó, a la larga, una pésima idea: el 18 de enero de 2018, López Obrador lanzó un video que se volvió viral, donde hacía como que esperaba un “submarino ruso con dinero”.
El troleo del entonces candidato de Morena a la presidencia AMLO provocó una ola por todo el país que apuntaló su campaña. Muchos cambiaron hasta sus avatares con nombres rusos. Lo que fue una acusación, se volvió un tendencia a favor de AMLO.
Sevilla también dijo que García Ramírez fue asesor de Ricardo Anaya Cortés durante la campaña presidencial. El colaborador de Krauze dirigió la revista Letras Libres.
Era un proyecto antilopezobradorista. Fernando García Ramírez me lo dijo con todas sus letras y nos lo decía a cada momento. No era, por otro lado, de nuestro desconocimiento que se trataba de hacer que López Obrador no llegara, de ninguna forma, a la Presidencia”, le dijo Sevilla esta mañana a la periodista.
“En asunto de la trama rusa se gestó allí. Fue un asunto delirante. Fue una ocurrencia”, dijo Sevilla. Contó que el equipo para atacar a López Obrador tenía cerca de 70 personas y oficinas en otras ciudades, no sólo en la Ciudad de México. El ex editor de Excélsior sostiene que ese equipo, dedicado a lo que se conoce como “guerra sucia”, era financiado fundamentalmente por Coppel. Producía a diario “20 videos, 10 memes o más; todo financiado por Coppel y, según García Ramírez, también por Cinépolis”.
LA TRAMA RUSA
“Una idea delirante que se nos ocurrió una mañana, en una junta con García Ramírez. A mi compañero Rubén Cota se le ocurrió proponer el tema del vínculo que se podía establecer entre Rusia y López Obrador”, explicó.
Sevilla publicó un texto en Aristegui Noticias que se hizo viral. Allí denunció que fue parte de la trama contra AMLO. “Sevilla detalla los pormenores de esa maquinación fallida, financiada, según su narración, por diversos empresarios y coordinada intelectualmente por el escritor y empresario Enrique Krauze y su colaborador más cercano, el crítico literario Fernando García Ramírez”, dijo la introducción al texto, realizada por el sitio de Carmen Aristegui.
“Durante poco más de 18 meses trabajé en el equipo de Enrique Krauze en una estrategia antilopezobradorista para que el actual Presidente de México no triunfara en las elecciones que, finalmente –y pese a la despiadada campaña sucia que elaboramos en su contra–, terminaría ganando”, detalla Ricardo Sevilla.
Sevilla dio a conocer mensajes de texto y correos que comprometen sobre todo a Fernando García Ramírez, actual columnista de El Financiero.
“En octubre de 2016 fui reclutado por Enrique Krauze, director de Letras Libres y pagado por Coppel, a través de la A.C. Colección Isabel y Agustín Coppel, una asociación que presume estar comprometida ‘con la investigación y difusión del arte contemporáneo’”, dijo.
“Mi tarea principal consistía en elaborar materiales –que tenían una forzada careta periodística– para atacar la imagen del político tabasqueño. El rigor era mínimo. Se trataba, en el peor de los casos, de hacerlo parecer zafio, intolerante y, sobre todo, como un dictador”, reveló.
Sevilla precisó que la oficina en la que trabajaban estaba ubicada en la calle de Berlín, número 245, en la colonia Del Carmen, Alcaldía de Coyoacán. Pero también se llegaron a reunir en las oficinas de la revista Letras Libres.
Con información de: Aristegui Noticias y Sin Embargo
Dentro de la gustadísima sección: Mercado de Lágrimas, traemos para ustedes: “Planas Derechairas”.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 328 votos a favor el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de consulta popular y revocación de mandato, con la cual se permitiría poner a votación la continuidad en el cargo del presidente de la República y de los gobernadores.
El Pleno lo aprobó por mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes) con 328 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones, y de inmediato se procedió a su discusión en lo particular.
El documento reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83 99, 116 y 122 de la Constitución Política, y surgió de 10 iniciativas que presentaron diputados de la LXIII y LXIV Legislaturas entre abril y noviembre de 2018, de las cuales cuatro fueron de Morena, tres del PRI, dos de MC y una del PT.
Entre otros puntos, establece el derecho y la obligación de los ciudadanos de votar en los procesos de revocación de mandato del Presidente de la República.
Asimismo, reduce el porcentaje del número de electores requerido para que éstos puedan solicitar al Congreso de la Unión la realización de consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.
La discusión del documento inició a las 12:35 horas, con la fundamentación del dictamen por parte de la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. A las 18:20 horas se votó en lo general.
Luego de la fundamentación, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) presentó una moción suspensiva, la cual fue desechada por el Pleno.
Posteriormente, hicieron uso de la tribuna diputados de los ocho grupos parlamentarios para fijar la postura de sus bancadas, y después diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen.
📌 Con 328 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones, se aprobó reforma constitucional en materia de #ConsultaPopular y #RevocaciónDeMandato. En estos momentos, se discuten las reservas presentadas.
ℹ https://t.co/RAGnaQEpLl pic.twitter.com/5pAUilr54w
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 15, 2019
El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que es falso que la reforma en materia de revocación de mandato y consulta popular, sea “una treta” para la reelección, por el contrario el Presidente de la República sería sujeto de una evaluación ciudadana en las elecciones intermedias.
“Falso que esto sea una treta para luego pedir la reelección, es todo lo contrario. Lo que está diciendo el Presidente de la República es que el pueblo pone y el pueblo quita, entonces a la mitad del período por el que fue electo –en las elecciones intermedias- tiene que ser sujeto a una evaluación de la ciudadanía”, aseveró en declaraciones a la prensa.
El líder parlamentario sostuvo que “no se trata de una reforma para la siguiente elección Federal, es una reforma para cambiar para siempre, los incentivos del Presidente de la República en todo su mandato, es decir, es pensando a largo plazo, de qué cambiar del sistema político y que la gente siempre este decidiendo sus gobiernos”.
En la sesión de este jueves el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de revocación de mandato y consulta popular. Además dará la declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional.
Sobre la consulta popular, Delgado Carrillo indicó que “es convicción del Presidente que la gente participe en las principales decisiones de este país, pues ya no basta con tener mayorías en las cámaras (del Congreso), se debe tener apoyo de la ciudadanía para las reformas más importantes, las decisiones más relevantes que afectan a todos los mexicanos”.
“Con la consulta se abre la posibilidad de que la gente la solicite y el resultado sea vinculante, si participa el 25 por ciento del padrón, con el 1 por ciento de firmas del listado nominal se puede pedir la consulta. Se quitan mucho de los candados, recordemos que la reforma energética no se pudo llevar a consulta porque la legislación era muy complicada”.
Respecto de la Guardia Nacional, el legislador indicó que el desafío más grande que hay en el país es la seguridad, “entonces por el tamaño del problema ha sido el de la respuesta”, al crear esta institución.
“La Guardia Nacional finalmente es una respuesta política contundente, esto por la unanimidad que se ha tenido en todos los congresos locales”, apuntó
Con el voto aprobatorio de los 32 congresos estatales, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de reforma de la Constitución Política que crea la Guardia Nacional.
El documento fue turnado al Senado de la República para su ratificación.
Tras realizarse el cómputo de los votos aprobatorios de la totalidad de las legislaturas de los estados, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, externó que la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria:
“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la totalidad de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”.
El pasado 28 de febrero, la Cámara de Diputados avaló la minuta del Senado de la República que crea la Guardia Nacional, y la turnó a los congresos locales para su análisis y ratificación.
El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76,78 y 89 de la Constitución Política.
Señala que la Federación contará con una institución policial civil denominada Guardia Nacional, que se constituirá con los elementos de la Policía Federal, Militar y Naval, y estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional en la materia.
Estipula que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial, fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto y los derechos humanos.
Se establece un periodo de cinco años para que el Ejecutivo federal pueda disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, en tanto la nueva corporación desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Asimismo, se faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley de la Guardia Nacional, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto; y las leyes Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y Nacional del Registro de Detenciones, dentro de los 90 días naturales siguientes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno presentará una denuncia por la “propaganda negra” del documental “Populismo en América Latina” implementado en el proceso electoral de 2018.
Durante la campaña presidencial, autobuses de transporte publico con la imagen de Andrés Manuel López Obrador y de Hugo Chávez circularon por la Ciudad de México para anunciar una serie documental llamada “Populismo en América Latina” que contendría un capítulo sobre el morenista y Hugo Chávez.
Hoy, el Gobierno de México denunció que esa campaña negra fue orquestada con dinero de empresas como OHL y de un programa del Estado de México. Detalló que OHL México dio 186 millones de pesos y otros 2 mil 500 millones salieron de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, denunció que una red de empresas que financiaron la campaña negra en contra del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral 2017-2018. Y anunció que una de ellas es OHL México, y que también hubo recursos de un programa del Gobierno del Estado de México con los que se financiaron la creación de la serie “Populismo en América”.
Santiago Nieto informó que el caso será denunciado ante la Fiscalía de Delitos Electorales y también se dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE)., además preciso que identificaron a dos sujeros: Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, y otra persona identificada como Piña, quienes recibieron recursos de diversas empresas, e incluso del Gobierno del Estado de México, para realizar el proyecto de “Populismo en América”.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que se estableció que el Grupo TV Promo S.A. de C.V. recibió 47 millones 900 mil pesos provenientes de Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V.
Esta sociedad anónima, agregó, fue participe en la guerra sucia contra el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que el sistema financiero mexicano reportó a las empresas mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional. Porque las operaciones efectuadas hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual podría implicar que se trata de empresas fachadas utilizadas para desvías recursos públicos.
Por su parte el presidente de la República subrayó que el objetivo es que en este sexenio “quede establecida de verdad, la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos”, y por ello “se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos. Se termina el fraude electoral, esa es la decisión”, como un logro de la Cuarta Transformación
“Nunca más un fraude (electoral) de los que se ha padecido históricamente”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina, donde explicó que con la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, los “mapaches electorales”, que tenían el apoyo del gobierno y de la policía, irán la cárcel sin derecho a fianza, como sucederá con quienes roben combustibles.
Con información de: Sin Embargo
El comisionado Joel Salas Suárez, de Transparencia, dijo que el acceso a la información pública es una poderosa herramienta para que los ciudadanos defiendan eficazmente sus derechos y resaltó que la legislación mexicana en la materia está catalogada como la mejor del mundo.
No obstante, el empoderamiento de las personas pasa por la provisión de información pertinente y relevante por parte de gobiernos dispuestos a reformarse con el objeto de lograr el bienestar de la gente, reconoció el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Así lo señaló durante su participación en la Conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre gobierno abierto y acceso a la información, en el marco del Programa de Gobernanza de la OCDE para el Medio Oriente y el Norte de África que se realiza en la ciudad de Rabat, Marruecos.
Expuso que “en contextos donde las agencias gubernamentales no están dispuestas a divulgar información oportuna las leyes de acceso a la información son un instrumento eficaz para que la población conozca y defienda mejor sus derechos; es decir, este derecho permite quitarle la venda de la desinformación a las personas”.
En un comunicado, puntualizó que la adecuada implementación de leyes de acceso a la información ha desencadenado procesos virtuosos de participación ciudadana que culminan en la mejora de servicios públicos y bienestar de las personas.
En la sesión “El rol del acceso a la información para promover la transparencia”, dijo que de acuerdo con la clasificación global del derecho a la información elaborado por el Centre For Law and Democracy y Access Info Europe, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México está catalogada como la mejor ley del mundo.
Ello, agregó, hace de la legislación mexicana un marco de referencia para el resto del mundo.
También anunció que en el año en curso el Inai impulsará en diversas entidades federativas el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la información (Plan DAI).
Remarcó que “una política pública que busca empoderar a la población a través de la capacitación sobre el uso y aprovechamiento de este derecho clave con el fin de que todos los mexicanos, desde cualquier rincón del país y ante cualquier adversidad, puedan exigir otros derechos como la salud, la educación o el empleo”.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no recibió ninguna instrucción acerca de suprimir la frase “Sufragio efectivo, no reelección” en la documentación oficial, ni promovió al interior de sus subsecretarias o áreas ejecutivas esta orden, expuso el área de Comunicación Social de la dependencia.
La SCT desconoce el supuesto correo respecto a la eliminación de la frase “Sufragio Efectivo. No Reelección”.
▶ https://t.co/0y5hIHqsTd pic.twitter.com/PenD92uL24
— SICT México (@SICTmx) March 12, 2019
En redes sociales circuló un supuesto documento en el que se indicaba a los burócratas eliminar dicha frase –con la que Francisco I. Madero inició la Revolución Mexicana– al pie de la imagen de Emiliano Zapata.
Previo a la emisión del comunicado, fuentes de la SCT aseguraron que el manual de estilo e identidad se recibieron directamente de Presidencia contenía las instrucciones que deben observar las informaciones oficiales de la presente administración, pero ninguna semejante a eliminar la frase del papeleo oficial.
Se revisaría la información para detectar si había salido de otra de las áreas de la SCT”, aseguró el área.
El supuesto correo en el que se llama a eliminar la frase “Sufragio efectivo, no reelección” consigna al fondo a la Subsecretaría de Transporte, y por debajo de ésta al área de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).
Se consultó al respecto al área de Desarrollo Institucional del Seneam, dónde también se negó que se haya recibido una comunicación con tales características.
Con información de: La Jornada
