Programa piloto del IMSS ya reúne a unas dos mil trabajadoras del hogar

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, informó que hasta este lunes, mil 974 trabajadoras del hogar, con salario promedio de cuatro mil 837 pesos mensuales, se han registrado en la plataforma del programa piloto para su incorporación al régimen obligatorio

Se pueden dar de alta en cinco sencillos pasos, y esa es la intención del programa, que el esquema funcione y que posteriormente se trabaje con los legisladores en la creación de una norma, puntualizó.

Durante la inauguración la Semana Nacional de la Seguridad Social en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Castañeda agregó que un punto relevante es que muchas de las trabajadoras tienen múltiples empleadores, no obstante, darse de alta en el sistema es un ejercicio sencillo.

En tanto, el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, Héctor Villarreal Pérez, subrayó que las enfermedades crónicas son una “bomba” para las finanzas públicas, y se estima que en 2035 se tendría que destinar 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para garantizar atención básica a la población.

En su ponencia “Un sistema universal de salud y el espacio fiscal en México” detalló que “hoy se gasta sólo 2.5 del PIB para el rubro de la salud, además de que se tiene el riesgo de dejar a un lado la primera infancia, porque se destinan más recursos para atender enfermedades de personas mayores”.

Refirió que los pilares de la seguridad social del país son los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, hay otras instituciones que prestan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) o a las fuerzas armadas, aunque debe buscarse que las atenciones brindadas no sean tan diferenciadas.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro, Mary Carmen Bernal Martínez, afirmó que se deben formular políticas públicas integrales respaldadas por el Estado para generar mecanismos que prevengan y corrijan carencias, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Para esta legislatura la seguridad social va más allá del acceso a la vivienda, a la atención médica de calidad y a una adecuada alimentación. “Se trata de la defensa de los derechos universales, de resguardar la unidad social y la distribución equitativa de recursos para generar oportunidades de desarrollo y cohesión social”.

Indicó que, por ley, en los últimos días de abril se celebra la Semana Nacional de la Seguridad Social, y refrendó su compromiso de llevar información trascendente a los trabajadores y que haya un acompañamiento en la toma de decisiones y presentación de iniciativas.

El secretario de la Comisión de Seguridad Social, diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, destacó que esta actividad representa una puerta para acceder a los diferentes servicios que brindan las instituciones de salud.

El objetivo, comentó, es coadyuvar en la capacidad de respuesta de los organismos involucrados en este tema. “Es un paso más para alcanzar las metas trazadas en el proyecto de vida del país que impulsa la Cuarta Transformación”.

Entre los servicios que se ofrecen en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, hay detección de diabetes, valoración nutricional, salud de la mujer y del hombre, activación física, aplicación de vacunas contra tétanos, influenza y neumonía, así como orientación sobre prestaciones y servicios de pensiones de los principales institutos de seguridad social.

-Fin de nota-

SEP administrará plazas del magisterio y Hacienda la nómina

El memorándum con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé dejar sin efecto las medidas de la reforma educativa actual recomienda reinstalar a los maestros afectados y liberar a los miembros del magisterio que se encuentran injustamente encarcelados.

El documento que el mandatario federal dirige a los titares de secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establece que la reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza.

En cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descredito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización de la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”, indica.

Además, menciona que hasta la fecha no se ha alcanzado un acuerdo entre el Poder Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar dicha reforma, “sin embargo la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública”.

Entre los cuatro lineamientos que se incluyen destacan el inciso B, que señala: “Mientras el proceso de diálogo no culmine en acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las se haya traducido la aplicación de la mal llamada reforma educativa”.

El memorándum también señala que la nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción.

“La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo, la SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas”, indica el documento.

Agrega que la Secretaría de Gobernación será la encargada de realizar las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad, a la brevedad, a maestros y luchadores sociales que se encuentran en prisión por oponerse a dicha reforma.

Así como para retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio.

De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores”.

El mandatario federal exhortó a los maestros de todas la tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, impedir la confrontación y buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”

Aprueba Cámara de Diputados dictamen de reforma laboral en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva; turna dictamen al Senado

Tras casi ocho horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de cinco leyes, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

El pleno lo aprobó en lo general con 417 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones; y posteriormente en lo particular con 258 votos en pro, 67 en contra y 18 abstenciones.

El documento fue remitido al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Las leyes que se reforman son: Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Seguro Social (IMSS).

El dictamen adecúa estos ordenamientos legales con la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 febrero de 2017 y con diversos tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de los trabajadores.

Entre dichos pactos están los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el capítulo 19 del Tratado Integral y Progresista de Asignación Transpacífico y el anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que aún debe ser ratificado.

El documento surgió de 14 iniciativas presentadas por diputados federales y una senadora, entre septiembre de 2018 y abril de 2019. Cuatro fueron de Morena, dos del PAN, dos del PRI (una de la senadora Sylvia Beltrones Sánchez), tres del PES, dos del PT y una de MC.

Entre otras acciones, establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que hoy dependen de los Poderes Ejecutivos federal y estatales, para crear los tribunales laborales que formarán parte de los Poderes Judiciales federal y estatales, en concordancia con la reforma constitucional de febrero de 2017.

Crea el Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales. Su ley orgánica deberá ser expedida por el Congreso en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.

Fortalece la democracia sindical bajo los ejes de rendición de cuentas y transparencia, y se establece el proceso de selección de líderes sindicales sujetos al voto personal, libre, directo y secreto.

Incluye garantías al trabajador desde lo individual para hacer valer sus derechos laborales, para que no pueda ser sujeto a represalias ni ser obligado a formar o no, parte de un sindicato, federación o confederación.

Atiende el régimen de los trabajadores del hogar, al estipular la obligación de los patrones de éstos a inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pagar las cuotas correspondientes.

Pleno acepta siete reservas

La discusión inició a las 13:22 horas, luego de que la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, hizo la declaratoria de publicidad del dictamen y consultó al Pleno si autorizaba someterlo de inmediato a discusión y votación, lo cual fue aprobado.

La fundamentación del dictamen la hizo el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, e inmediatamente, por separado, las diputadas Abril Alcalá Padilla (PRD) y Ana Priscila González García (MC) presentaron mociones suspensivas, las cuales fueron desechadas.

Tras la fundamentación, hicieron uso de la tribuna diputados de los ocho grupos parlamentarios para fijar la postura de sus bancadas, y luego diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen.

El dictamen fue votado en lo general a las 16:30 horas e inmediatamente se procedió a la discusión de 104 propuestas de modificación, presentadas por legisladores de Morena, PAN, PRI, MC, PRD y diputados sin partido.

De estas reservas, fueron aceptadas siete que presentaron los diputados Rubén Cayetano García (Morena), Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena), Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN), Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN), Ricardo García Escalante (PAN), Raymundo García Gutiérrez (PRD) y Fernando Torres Graciano (PAN).

De ellas, destacó la de Arriaga Rojas, que reforma el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo para estipular que el patrón no podrá descontar del salario de los trabajadores las cuotas sindicales, salvo que éstos manifiesten su consentimiento por escrito.

 

Intervención en tribuna del Dip. Marco Antonio Medina Pérez, en pro del dictamen en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

11 de abril del 2019

Este día los derechos laborales darán un salto cualitativo fundamental.

Estamos en posibilidad de propiciar una realidad laboral más justa para los trabajadores mexicanos. Más de 100 años han transcurrido desde que el marco que norma la vida laboral mexicana fuera consagrado en nuestra Constitución Política de 1917.

Posteriormente se creó la Ley Federal del Trabajo, en 1931, y una subsecuente reforma a ese texto legal se suscitó en 1970. Más tarde, en 1992, a propósito del outsourcing y de todo el asunto este que veníamos discutiendo, hubo una regresión laboral propiciada por las fuerzas de derecha, y fue hasta hace dos años que se promulgaron las modificaciones constitucionales al artículo 123 en materia de justicia laboral y democracia sindical.

Efectivamente, esta reforma es la que nos obliga ahora a llevar a cabo la reforma a la ley secundaria, en este caso es la Ley Federal del Trabajo. Así, las y los diputados de esta legislatura hemos elaborado en conjunto con trabajadores, miembros de los Poderes del Estado, juristas, representantes de organismos patronales y de la sociedad civil, en un amplio ejercicio de parlamento abierto, una iniciativa que reforma principalmente la Ley Federal del Trabajo vigente, además de la Ley Orgánica del Poder Judicial al de la Federación, la Ley de la Defensoría Pública, la Ley del INFONAVIT y la Ley del Seguro Social.

Estas modificaciones suponen un cambio de paradigma que abarca aspectos procesales e institucionales que habrán de cristalizar, entre otros aspectos, en la instauración de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los registros de sindicatos y contratos colectivos; en la protección del voto personal libre y secreto al interior de los sindicatos; en la fijación de dispositivos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de las cuotas y las finanzas sindicales; en la revisión de los contratos colectivos en un plazo no mayor a cuatro años, posteriores a la entrada en vigor de esta legislación.

No es cierto que sea hasta dentro de cuatro años que tengamos esta revisión, sino que se da un plazo, en estos cuatro años se tendrá que dar la revisión por lo menos una vez de estos contratos colectivos.

De la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con plena autonomía de decisión y de gestión, y en la constitución de tribunales laborales adscritos al Poder Judicial. También en la incorporación de los principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad, para los juicios que se desarrollen en materia laboral.

Es cierto que hay factores internacionales que invitan a que esta reforma laboral sea aprobada, ahí está el tratado que tenemos ahora suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá y que todavía está en proceso de ratificación. También está la necesidad de cumplir con los convenios 87 y 98, suscritos por México en la Organización Internacional del Trabajo. El Convenio 189 data de 1949 y hemos tardado un sinfín de años para que este convenio sea aprobado por el Senado de la República.

Sin embargo, esta reforma laboral tiene en su esencia una historia de luchas, de movimientos democráticos sindicales, mismos que durante años clamaron por condiciones de trabajo más justas, por negociaciones de contratos colectivos que en verdad pusieran los intereses de los trabajadores sobre la mesa, además de que los sindicatos fueran efectivos en su representación y no instrumentos de simulación que se puedan vender al mejor postor.

Hoy estamos en condiciones de decir, compañeras y compañeros legisladores, basta ya de sindicatos charros, basta ya de negociaciones en lo oscuro, que perjudican a los trabajadores. Basta de la comisión entre autoridades y patrones en detrimento de los trabajadores.

En contraste, estamos en una posición privilegiada desde la cual podemos dar la bienvenida a un modelo de justicia laboral más eficaz e imparcial, la libertad sindical y de procesos de negociación colectiva que beneficien a los trabajadores.

Es cuanto y muchas gracias.

Sanción al PRI por más de 12 mdp por contratar publicidad inalámbrica queda en suspenso

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó en suspenso la aplicación de una multa por más de 12 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por irregularidades al contratar publicidad por vía inalámbrica.

En sesión extraordinaria, después de una hora de discusión sobre este tema, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, solicitó la votación para avalar o rechazar el asunto, y se registró un empate entre los consejeros.

Resultó que de los 11 consejeros sólo estaban 10 al momento que se votó el Procedimiento Ordinario Sancionador en materia de fiscalización, por lo que la votación se dividió en cinco en favor y cinco en contra.

En ese contexto, y conforme al reglamento, se volvió a votar, pero la consejera Claudia Zavala, quien abandonó por unos minutos el salón no regresó a tiempo para apoyar o desaprobar este proyecto de acuerdo, entonces se decidió que el tema se pasara a discusión para la próxima sesión que tendrá este Consejo el 26 de abril.

En este proceso sancionador se presentó el proyecto para multar al PRI con el monto del ciento por ciento del gasto que hizo en contratar a una empresa para que le manejara publicidad vía inalámbrica y por Internet.

El caso por el que se sanciona al PRI es porque celebró un contrato con “Promotion 595, S.A. de C.V.” el 31 de enero de 2013, por un monto de 12 millones 601 mil 091 pesos, y esta empresa para prestar el servicio que contrató el partido tuvo que instalar dos antenas wisphere en sedes universitarias que contemplaba el contrato.

Con ello se ofreció Internet gratuito dentro y fuera del plantel, es decir en una cobertura entre 600 y 800 metros, y de esa forma, al momento de que un alumno o cualquier otra persona dentro del área activa se conectaba a Internet WiFi (ya sea por teléfono celular, laptop o tablet) le aparecía publicidad del PRI.

Así, en el menú de conexiones disponibles aparecía Transformando a México como red sin candado, es decir de acceso libre; sin importar la página web a la que ingresara el usuario, aparecería al instante una ventana pop, exactamente al centro de la pantalla con el logo y el slogan del partido, misma que aparecía cada 15 minutos de navegación continua.

En la revisión a los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales, correspondientes al ejercicio 2013, se advirtió el registro de un gasto correspondiente a publicidad por medio de redes inalámbricas, mismo que prestaba la persona moral Promotion 595 S.A. de C.V al PRI.

De ahí se desprendió que este gasto no tuvo justificación con el objeto partidista, y que representaba una violación electoral al prestar el servicio de acceso a Internet a indeterminadas personas, aun y cuando corresponde al Estado la creación de los mecanismos que garanticen la universalidad del servicio.

De esa manera se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es el uso adecuado de los recursos de los partidos políticos, y del análisis realizado a la conducta infractora se calificó la falta como “grave ordinaria”.

En la sesión extraordinaria, el Consejo General avaló un acuerdo para sancionar al partido Morena por 725 mil 400 pesos, que corresponden a nueve sanciones, cada una por 80 mil 600 pesos, que se le aplican por no cumplir con sus obligaciones de transparencia.

Desecha juez demanda de amparo de la oposición contra terna de la CRE

El juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis López, desechó este viernes por improcedente la demanda de impugnación de senadores de oposición en contra de las ternas para la Comisión Reguladora de Energía (CRE), propuestas por el titular del Ejecutivo Federal.

La decisión judicial fue dada a conocer a través de la lista de acuerdos del juzgado, y en ella se menciona que el desechamiento se realizó por “ser notoriamente improcedente” el recurso promovido por los integrantes de las bancadas de los partidos  de oposición.

De acuerdo a la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal y en relación al expediente 529/2019 referente a una demanda promovida por senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) “se desecha la demanda de amparo”.

De acuerdo al marco legal, los senadores tendrían hasta 10 días hábiles para impugnar la decisión del citado juez de negarles el amparo.

El pasado 3 de abril, los senadores de oposición presentaron un amparo indirecto contra la integración de las segundas ternas propuestas por el Ejecutivo para ocupar cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía, las cuales fueron rechazadas por el pleno de la Cámara Alta.

El amparo, presentado por el senador panista Julen Rementería del Puerto, fue recibido a las 13:25 horas del pasado miércoles en el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.

Se difunde un audio escándalo donde se exhibe presunto complot de Alejandro Armenta contra Luis Miguel Barbosa

Se difunde un audio escándalo en el que se escucha al senador de Morena Alejandro Armenta Mier reconocer que participa en una supuesta estrategia mediática, jurídica y política para perjudicar al candidato a gobernador de Juntos Haremos Historia en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, en la campaña de este año.

En la grabación, se escucha que Armenta el ex aspirante al Poder Ejecutivo local, que tiene impugnada la designación de Barbosa como abanderado, involucra al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en las acciones.

El audio lo difundió uno de los participantes de la conversación, Edgar Moranchel Carrero, director general del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (Soapama), demarcación que es gobernada por el PAN, y en la charla también se identifica la voz de la ex diputada federal Violeta Lagunes Viveros, quien lideró una campaña negra contra Barbosa en la elección de 2018.

El contenido de uno de los fragmentos de la grabación se transcribe a continuación.

  • Armenta: Yo lo que necesito es sentarme con mis superiores políticos para decirles esto a cada uno…
  • Moranchel: ¿Monreal lo apoya a usted, Ricardo Monreal?
  • Armenta: Totalmente
  • Lagunes: Y su suplente (de Monreal), hasta lo van a expulsar.
  • Armenta: Entonces qué hacemos, qué vamos a hacer: arrancamos la estrategia mediática, la estrategia jurídica y la estrategia política y ponemos a Barbosa contra las cuerdas.

Lagunes confirma el encuentro; el complot es un invento, dice

Moranchel dio a conocer la grabación en conferencia de medios, en la que aseguró que decidió difundir el contenido de la conversación privada que sostuvo con Armenta y Lagunes “en días pasados” porque “daña nuestra vida social y ensucia el próximo proceso electoral”.

En tanto, Violeta Lagunes confirmó en Twitter la realización del encuentro, al explicar que éste se llevó a cabo a petición de Moranchel, quien se presentó como un perseguido y amenazado por Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de Gobierno de Puebla, y “solicitó ayuda” a Alejandro Armenta.

Ahora inventa  un contubernio con el senador con licencia. Cobardemente y sin escrúpulos Moranchel le sirve al gobierno en la guerra sucia”, sentenció la ex legisladora de Acción Nacional.

De hecho, parte de la charla entre Armenta, Lagunes y Moranchel se dedica a Fernando Manzanilla, quien apoyó a Luis Miguel Barbosa en la campaña por la gubernatura de 2018 como candidato a diputado federal del Partido Encuentro Social (PES), curul que ganó el 1 de julio pasado y dejó este año para encabezar a la SGG en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.

Yo voy a enfrentar a Manzanilla todo lo que resta del sexenio, si él es secretario de gobernación (con Miguel Barbosa)”, garantizó Armenta, quien acusó el encargado de política interna del estado durante la precampaña de Morena de intervenir en esa contienda interna para favorecer a Barbosa.

En otra parte de la grabación, Armenta aclara a Moranchel que la “estrategia de nosotros se llama Manzanilla” y le propone una “alianza” a partir de una información que supuestamente se encuentra en poder del director del Soapama, de la que no se dan más detalles en el audio.

Pero quiero que entiendas, por favor, que la estrategia de nosotros se llama Manzanilla. Lo que vamos a hacer con los elementos que tienes es hacer una alianza, eso es lo que tenemos que lograr, si logramos eso se desmorona Barbosa, entonces, lo que tengas, ten la plena seguridad que se va a ocupar”, se escucha decir al senador de Morena.

Con información de: La Jornada de Oriente