Estamos decididos a que en 2023 dejemos de comprar gasolinas en el extranjero y esto significará autosuficiencia, seguridad nacional y que no aumenten los precios de los combustibles, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa matutina encabezó la presentación del informe sobre el proceso de adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas, la cual dijo que fortalecerá la infraestructura energética del país.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética.
Si bien hasta ahora solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN José Luis Lavalle Maury, la teoría general del caso ya fue presentada por la FGR ante un juez federal quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
Lo anterior ocurrió en las audiencias privadas del pasado 8 y 12 de abril en las que Lavalle Maury fue imputado de los referidos delitos – que hoy lo mantienen preso en el Reclusorio Norte – y a cuyo contenido tuvo acceso por primera vez Animal Político.
“El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas” señaló en su resolución el juez Marco Antonio Fuerte Tapia.
Esta asociación criminal, añade el juez, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht.
La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas.
Las pruebas de la Fiscalía para sostener estas imputaciones se sostienen en tres declaraciones (y no una como se conocía hasta ahora) que ha rendido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de cuatro personas más que participaron o conocieron de las entregas del dinero a los legisladores.
Esto sumado a declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, recibo de pagos y transferencias, un video, entre otros.
Fiscales de la FGR confirmaron a Animal Político que luego de haber conseguido la vinculación a proceso de Lavalle, trabajan en la preparación de las imputaciones en contra del resto de los implicados ya señalados ante el juez, lo que prevén ocurra en los siguientes meses.
El esquema criminal
En la audiencia los fiscales explicaron al juez que para facilitar la aprobación de la reforma energética Peña y Videgaray decidieron implementar un esquema de sobornos dirigido a legisladores que se consideraban clave en dicha discusión, entre ellos el priista Penchyna que lideraba la comisión de Energía del Senado y el panista Lavalle Maury quien era integrante de la misma.
El rol de Lavalle era particularmente importante pues él designó a una persona de su confianza, Rafael Caraveo Opengo, para ser el intermediario del dinero que iba destinado al grupo de legisladores panistas.
“El propósito de la asociación de los legisladores mencionados junto con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray era concretar la reforma energética atendiendo un interés económico que injustamente recibieron (…) para votar a favor de dicha reforma y así abrir a personas extranjeras la explotación de los recursos naturales propiedad de la nación”, señaló el juez al recapitular el caso de los fiscales.
El esquema implementado fue el siguiente: Siguiendo las instrucciones del presidente, Videgaray ordenó a Lozoya que se canalizara dinero proveniente de Odebrecht para entregarlos a un grupo de legisladores. Lozoya, a su vez, designó para tal función a tres funcionarios de Pemex de su confianza: José Velasco Herrera, Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo.
Estas personas fueron las responsables de, a su vez, realizar las entregas de dinero a Caraveo Opengo, colaborador de Lavalle, quien finalmente lo puso en manos de su jefe para la dispersión entre los legisladores panistas.
Cada una de las entregas entre los intermediaros quedó asentada en un recibo que Opengo firmó a manera de acuse.
Olascoaga, por su parte, habría grabado en video algunas de esos pagos por encargo de Lozoya.
Todo lo anterior fue confesado tanto por Lozoya en sus declaraciones de agosto, septiembre y octubre de 2020, así como por el propio Caraveo Opengo quien, asegura, no sabía cuál era el destino final.
Otros testigos de nombre Noberto Gallardo Vargas, Miguel Pérez Esquivel y Froylan Gracia Galicia confirmaron el esquema.Respecto al origen del dinero, los fiscales explicaron al juez que por decisión de Videgaray se utilizarían recursos provenientes de la constructora Odebrecht la cual, desde la campaña presidencial de Peña Nieto, venía canalizando recursos a través de empresas de papel denominadas “offshore”.
Los fiscales presumen que, para el caso de los sobornos en particular, el efectivo provino de recursos que la constructora brasileña canalizó a través de un esquema de triangulación de capitales usando empresas fachada.
Esto para finalmente terminar en las cuentas de una particular denominada Fabiola Tapia Vargas.“La dispersión en territorio nacional era por conducto de una empresa denominada Construcciones Industriales Tapia representada por Tapia Vargas.
Todo ello para que a su vez esos recursos pudieran ser trasladados a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso y que por conducto de Emilio Lozoya se trasladaran a los legisladores a efecto de que pudiera aprobarse la reforma energética”, señaló el juez en su resolución.
Los pagos y las fechas.
De acuerdo con la acusación ya judicializada, la dispersión de los más de 97 millones de pesos se hizo a través de 15 entregas de las cuales quedaron acuses de recibido a manera de recibido.
El dinero generalmente iba en billetes de 500 y 200 pesos de denominación, repartidos en maletas de color negro.
Las tres primeras entregas se llevaron a cabo el 11 de diciembre de 2013 por las cantidades de 900 mil pesos, diez millones de pesos y 13 millones de pesos respectivamente.
Una cuarta entrega por 12 millones 800 mil pesos se materializó el 9 de enero de 2014, y una quinta por la misma cantidad el 15 de enero.
La siguiente entrega se registró el 14 de febrero de 2013, otra vez por 12 millones 800 mil pesos; la séptima entrega el 7 de marzo de 2014 por 6 millones 400 mil pesos; una octava el 2 de abril de ese año por 12 millones 800 mil pesos; la novena el 11 de abril por seis millones 400 mil pesos; y la décima el 21 de abril por la misma cantidad.
La onceava entrega de dinero tuvo lugar el 22 de abril por un total de 12 millones 800 mil pesos; y la siguiente fue el 26 de abril de ese mismo mes por un total de 16 millones de pesos.
Las tres últimas entregas de recursos con este modus operandi se llevaron a cabo el 14 de julio, y el 6 y 21 de agosto de 2014, todas ellas por doce millones de pesos.
La entrega y recepción física de las maletas con el dinero se habría llevado a cabo en al menos tres locaciones: unas oficinas ubicadas en contra esquina de la sede del senado de la República en Paseo de la Reforma; un departamento el número 327 de la calle Gabriel Mancera en la colonia Del Valle; y otras oficinas localizadas en el número 425 de la calle de Montes Urales, de la colonia Lomas de Chapultepec.
El año pasado Animal Político reveló que esta misma dirección de Montes Urales fue utilizada por el propio Videgaray para el trámite de propiedad intelectual de su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), según el expediente folio 0046125.
Una de las entregas de dinero, la correspondiente al 6 de agosto de 2014, es la que fue videograbada por las personas enviadas por Lozoya y que ahora forma parte de las pruebas en el proceso.
De acuerdo con el juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, este cúmulo de datos son suficientes para corroborar de manera inicial que Peña, Videgaray, Lavalle y el resto de los implicados conformaron una asociación criminal que utilizó recursos de origen ilícito para el pago de sobornos.
En una “humilde fonda del mercado” reapareció el desaforado goberladrón Cabeza de Rata. Acompañado de colaboradores cercanos y trabajadores de gobierno del Estado quiénes como viles paleros lo felicitaban.
La síndica de Playa Vicente, Yamilet López (PAN) usa a trabajadores del municipio para amedrentar al candidato de MORENA-PVEM-PT, Urbano Bautista Martínez.
De forma despectiva y racista se refiere al opositor a su partido; Urbano Bautista es de origen indígena Zapoteca.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está posicionado como el presidente con mejor aprobación del mundo, de acuerdo con un estudio que presentó Morning Consult Political Intelligence con corte al 8 de mayo.
El mandatario mexicano tiene incluso una mejor aprobación que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con un 60 por ciento, en tanto que el norteamericano sólo tiene un 55 por ciento.
El estudio incluyó a los mandatarios de 13 países, entre los que se encuentra Jair Bolzonaro de Brasil, quien junto con Emmanuel Macron de Francia, son dos de los peor calificados con 39 y 34 por ciento de aprobación respectivamente.
Se encuentra también el primer ministro de Italia, Mario Draghi, Boris Johnson de Inglaterra, la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro de India Narendra Modi, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y los ministros de Canadá Justin Trudeau, Pedro Sánchez de España, y Yoshihide Suga de Japón.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguraba en 2017 que la entrega de tarjetas rebasaba la frontera de lo licito. Incluso Ciro Murayama decía que no era una práctica legal ni válida.
Pero increíblemente, ahora Murayama dice que no se trata de un hecho nuevo e indicó que tampoco es una ilegalidad.
Hasta se atrevió a decir que son válidas mientras no contengan recursos.
El INE cambia de postura de elección en elección, según el partido al que se juzgue, lo que hace pensar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando asevera que Murayama y Córdova impiden la democracia.
En 2017 Lorenzo Córdova dijo, y quedó plasmado en un video, que “el que haga un compromiso personalizado, específico, sí votas por mi y si gano, a ti te voy a dar tal cosa, hace que… se rebase la frontera de lo lícito… desde mi punto de vista”.
Para Ciro Murayama las tarjetas no eran legales ni válidasLa opinión del consejero del INE, Ciro Murayama, también quedó plasmada en un video cuando aseguraba que “la entrega de tarjetas llamadas monederos, en un escenario de carencia social a cambio de datos de los individuos que serán benefactores, beneficiarios, si sufragan por el partido y este resulta ganador… no es una promesa legitima ni válida”.
Tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de ayer en Xalapa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció este día una millonaria inversión de 376 millones de pesos para obras de infraestructura pluvial que acaben con este problema, que cada año en esta temporada afecta considerablemente a los xalapeños.
Mediante un video subido a sus redes sociales, el mandatario estatal detalló que de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ejercerán dicha inversión entre los años 2021 y 2022, por parte para construir tres colectores pluviales en las colonias División del Norte, Hernández Castillo y Cuauhtémoc, así como una obra adicional que capte el agua de lluvia desde La Lagunilla hasta División del Norte.
El colector División del Norte ya se encuentra en construcción, en una primera etapa que requiere de 37 millones de pesos; la segunda fase tiene proyectada una inversión de 35 millones de pesos. Ahí se introducen los ductos del colector de drenaje y posteriormente, el sistema de conducción de agua potable y las cajas de concreto.
Después de ésta, se iniciará la primera fase del colector pluvial de la colonia Hernández Castillo, cuya inversión asciende a 43 millones de pesos; luego, la primera parte del colector Cuauhtémoc con 49.5 millones de pesos.
Por otra parte, se requiere también la construcción de una línea de conducción de agua potable para reforzar los tanques Ferrocarrilero, Homex y Encanto, con 75 millones de pesos.
En tanto que en la colonia La Lagunilla, se hará una intervención por 80 millones de pesos de SIOP, indicó García Jiménez.
Así se expresó Eliseo Fernández de los ciudadanos de la Sección 081. Esto es Movimiento Ciudadano en todo el país es igual.
