Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de la Gobernación, anunció una revisión a fondo, incluyendo la ley respectiva, del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Encinas Rodríguez reconoció que el mecanismo no ha dado los resultados que se esperaban y prueba de ello es que durante esta administración han sido asesinados seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos.
Explicó que actualmente, 792 personas están bajo protección, de los cuales 498 (63 por ciento), son defensores de derechos humanos y 292 (37 por ciento), son periodistas, estos últimos concentrados sobre todo en la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero.
Entre las razones por las que el mecanismo no ha funcionado, destacó que una empresa privada es la encargada de brindar directamente la protección, pero su costo es excesivo y sus resultados cuestionables.
Encinas Rodríguez anunció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará una revisión completa al Fideicomiso del Mecanismo, se trabajará con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y se revisará la composición de la Junta de Gobierno de ese organismo.
El Estado, dijo, es el responsable de velar por la seguridad de los periodistas, aunque también hizo un llamado a los dueños de los medios de comunicación, especialmente los concesionados, para que no estigmaticen ni abandonen a sus reporteros cuando reciben ataques o amenazas.
Incluso hay casos vergonzantes, como el de un reportero en Veracruz, a quien se supo que su periódico le pagaba cada nota con 50 ejemplares que él debía vender para obtener el dinero correspondiente.
Muchos periodistas no tienen seguro de vida ni condiciones laborales mínimas, por lo que reiteró su llamado a las empresas para atender sus responsabilidades patronales y no estigmatizar a los reporteros.
Dijo que la empresa RCU, que actualmente maneja la protección, no ha garantizado que los 792 botones de pánico activos funcionen siempre y en todas las circunstancias, aunque sólo 230 de quienes los tienen los mantienen prendidos todo el tiempo.
Lo preocupante -reconoció- es que quienes cuentan con este dispositivo, dicen desconfiar de las autoridades y carecer de respuesta inmediata ante emergencias, lo que obliga a la revisión de la ley y de la forma como opera el mecanismo.
Sobre la revisión de la operación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dijo que se cuenta con el apoyo de instancias internacionales como la Agencia para la Cooperación al Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), la Unión Europea y la embajada británica, entre otros.
Sin embargo, expuso que se debe de trabajar para fortalecer la prevención y para involucrar más a los comunicadores y defensores de derechos humanos, que hasta ahora se han mantenido alejados, entre otras cosas, por la ineficiencia del mecanismo.
De hecho, adelantó que se buscarán ahorros respecto a la empresa privada que lo maneja, para que el Estado se haga cargo plenamente e, incluso, mientras ocurre este proceso, policías federales y el Ejército capacitarán al personal de la compañía que se encarga de la protección.
Sobre el caso de Miroslava Breach, afirmó que la Fiscalía del Estado de Chihuahua está a cargo de las investigaciones, pero lamentó que a dos años del homicidio no se haya logrado nada todavía y añadió que el fiscal General de la República podría atraer las pesquisas si se encuentran elementos.
