No vamos a cansarnos de denunciar que tenemos a uno de los aparatos electorales más caros del mundo, si no es que el más caro en absoluto.
El Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de presentar su propuesta de presupuesto para 2023.
Solicita poco más de 14 mil 400 millones de pesos, de los cuales casi 11 mil 800 millones corresponden a un ‘presupuesto base’ y otros casi 2 mil 700 millones corresponden a una ‘cartera institucional de proyectos’.
Por si fuera poco, quieren otros 4 mil millones para alguna eventual consulta popular.
Es decir, que, desde el año pasado en adelante, el INE pretende cobrar miles de millones de pesos por cada consulta popular que se haga. Por supuesto, nada de tocar su ‘presupuesto base’.
Por lo que es un deber ético y moral del INE desglosar dicho presupuesto base para saber en qué pretenden gastarse casi 12 mil millones de pesos este año (cuatro veces el presupuesto anual de una universidad del tamaño de la Autónoma de Querétaro, con más de 30 mil estudiantes).
Cabe señalar que este año ejercieron casi 11 mil millones de pesos en ese rubro, por lo que pretenden obtener otros mil millones de pesos adicionales.
Nos podemos hacer una idea de en qué se gastan parte de ese presupuesto base, revisando la nómina del INE de este año 2022.
Una nómina verdaderamente escandalosa, nómina de casta dorada, abusiva y derrochadora, escudada en su autonomía, que lógicamente no es presupuestaria pues esa nómina la pagamos todas y todos los mexicanos, por lo que tenemos el derecho de cuestionar la nómina.
En la nómina del INE 2022 aparecen 121 asesores, 297 directores(as), 55 coordinadores(as), 462 jefes(as) y 9 titulares.
Los primeros 600 altos cargos nos cuestan mil 200 millones de pesos al año, 2 millones de pesos, en promedio, cada uno.
Es decir 167 mil pesos mensuales, haya o no haya elecciones y sean estas elecciones federales o sólo unas cuantas estatales como las seis elecciones estatales que se vivieron este año.
Lógico, los que se llevan la tajada del león, son los 11 consejeros, los que nos cuestan al año 4 millones 374 mil pesos, cada uno.
Cada uno nos cuesta 364 mil pesos mensuales, una verdadera barbaridad.
De esta cantidad 3 millones 151 mil pesos corresponden a sueldos y salarios, 262 mil pesos mensuales, cada uno.
Les pagamos seguridad social, más de 550 mil pesos anuales de ‘medidas de protección al salario’, prestación desconocida para todas y todos los trabajadores mexicanos.
Además, les pagamos más de 100 mil pesos mensuales por seguros y otro casi medio millón de pesos al año por ‘fondos y seguros de ahorro para el retiro’.
En una especie de competencia por el despilfarro, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dispone de 11 asesores que nos cuestan de los 50 mil a los 92 mil pesos mensuales.
Y por lo que se ve, ni Córdova ni ninguno de sus asesores son capaces de redactar un informe de la presidencia, pues Córdova despilfarró 12 millones de pesos para pagar un informe hecho por alguien externo al INE.
Lo que nadie haría si pagara con su dinero y no con el nuestro.El Secretario Ejecutivo del INE dispone de 9 asesores.
Los que nos cuestan de los 30 mil a los 180 mil pesos mensuales.
Finalmente, cada uno de los otros 10 consejeros disponen, de ¡10 asesores! Con sueldos que van de los 33 mil a los 217 mil mensuales, cada uno.
¿Cuál es la lógica de este derroche?
Urge una reforma electoral que ponga alto a este tipo de abusos.
Nada justifica, en un país con 60 millones de pobres, estos sueldos que ni siquiera se ganan, de manera honesta, en los países desarrollados.
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