Categoría: Justicia

Con el objetivo de detectar actos de corrupción la UIF verificará la evolución patrimonial de los funcionarias que laboran en el INE

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) verificará la evolución patrimonial de los funcionarios que laboran en el INE, incluidos los consejeros, así como de sus “relacionados”, con el objetivo de detectar actos de corrupción, además de proporcionar información al Órgano Interno de Control de cualquier acto u omisión irregular, o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos de los recursos del instituto.

Lo anterior luego que el OIC del INE firmó un convenio de colaboración con la UIF de la Secretaría de Hacienda, a fin de garantizar “el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de información y documentación que debido a sus funciones posean”, para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer los delitos con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos, incluyendo hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y/o particulares, así como por personas políticamente expuestas del propio Órgano Interno de Control”.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, expreso que la declaración patrimonial y los movimientos bancarios de los funcionarios del instituto serán clave para detectar anomalías. Para Jesús George Zamora, titular del OIC, el convenio evitará disparidades en el cumplimiento de la ley.

La UIF entregará al OIC “la información que sirva de apoyo y colaboración para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confieren las disposiciones aplicables al OIC para investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto Nacional Electoral; llevar a cabo los procedimientos de verificación de evolución patrimonial de las personas servidoras públicas del Instituto y de sus relacionados conforme a la normatividad aplicable; así como prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral y de particulares vinculados con faltas graves”.

El convenio ayudará a prevenir delitos relacionados con: 

  1. Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  2. Financiamiento al terrorismo
  3. Corrupción contra servidores públicos, particulares y personas políticamente expuestas

Por su parte Jesús George Zamora, titular del OIC del INE, señaló que este convenio es un mecanismo de contrapeso institucional para evitar cualquier disparidad con el cumplimiento de los principios constitucionales.

El retorno de los derechos laborales. Por @martibatres

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El periodo legislativo concluye con la prohibición del régimen general de subcontratación o outsourcing. Esto implica la restitución de la seguridad social y la estabilidad en el empleo.

Luego de más de 30 años de pulverización de los derechos de los trabajadores, el péndulo de la historia marca el regreso de los derechos al mundo del trabajo. No es poca cosa. Las medidas tomadas por la actual mayoría en el Congreso de la Unión no solo impactan positivamente en las familias trabajadoras, también tendrán un impacto positivo en la economía al mejorar el poder adquisitivo y por lo tanto el mercado interno.Para sopesar la trascendencia de las reformas impulsadas en lo que va del sexenio es necesario hacer un poco de historia.

Entre 1982 y 2018 bajó el poder adquisitivo del salario mínimo en un 75 por ciento. Apostaron al desempleo para abaratar el valor del trabajo. Propusieron mantener el número de empleos en las empresas a cambio de bajar salarios. Hicieron del salario miserable un atractivo “competitivo” para la inversión. Desmantelaron los grandes contratos colectivos por rama de actividad. Llevaron el empleo formal del 66 por ciento a solo el 40 y, elevaron el trabajo informal al 60 por ciento del total del trabajo.

Incluso llevaron el trabajo informal al interior de la economía formal, con lo que se expandió la precarización del trabajo donde no debería haber sucedido.

Privatizaron e individualizaron las pensiones, copiando el modelo pinochetista de Chile. Despidieron a la totalidad de trabajadores de cientos de empresas, como Uramex, Ruta 100, Mexicana de Aviación, Luz y Fuerza del Centro y muchas más. Alentaron la desindicalización.

Y, como si no fuera suficiente, en el año 2012 se aferraron a una reforma laboral regresiva que fue criticada por casi todas las organizaciones de los trabajadores.

Con esa reforma legitimaron contratos sin derechos para jóvenes aprendices, el pago por hora, el despido fácil y barato; sustituyeron los criterios de antigüedad por los de productividad para el ascenso laboral y, entre muchas otras cosas, legalizaron el régimen inhumano de outsourcing o subcontratación.

Hicieron polvo el mundo del trabajo y la calidad de vida de las familias trabajadoras.Por fortuna, en 2018 cambió la correlación de fuerzas en el país y en el Congreso y esto permitió la revaloración del trabajo y de quienes lo realizan, a través de nuevos acuerdos y de reformas progresistas en el Congreso de la Unión.

La reforma que prohíbe el régimen general de outsourcing, aprobada por el Senado de la República la semana pasada, se inscribe en esta generación de enmiendas que han sido posibles gracias a la existencia de una mayoría progresista en las cámaras legislativas.

También se encuentran en esta nueva oleada de reformas la aprobación del Convenio de la OIT sobre negociación colectiva y libre sindicalización. De la misma manera se inscriben modificaciones para asegurar la contratación colectiva auténtica, la justicia laboral autónoma, la democracia sindical, salario igual a trabajo igual, los derechos de seguridad social para las trabajadoras del hogar, la que ordena que el salario mínimo nunca podrá incrementarse por debajo de la inflación, el aumento en pensiones, la del Infonavit, entre otras, que se han aprobado en los últimos dos años y medio.

Ahora, el periodo legislativo concluye con la prohibición del régimen general de subcontratación o outsourcing y la regulación de la subcontratación por trabajo u obra determinada.

Esto implica la restitución de la seguridad social, la estabilidad en el empleo y el reparto de utilidades para millones de trabajadores.Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de quienes se integraron a la vida laboral a partir de la década de los 90 del siglo pasado jamás han podido disfrutar de muchos derechos hoy recuperados.

También se debe destacar que la eliminación del outsourcing fue fruto de la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia y del acuerdo propiciado por el Presidente de la República con los representantes obreros y empresariales.

Estos últimos coincidieron en que recuperar los derechos laborales es también una buena noticia para la economía.

Diputados MORENA aprueba que ministro Zaldívar se mantenga dos años más en la SCJN.

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El ministro Arturo Zaldívar conseguirá mantenerse dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de Morena en la Cámara de Diputados, que decidió ampliar su periodo sin cumplir con el trámite parlamentario de que la Comisión de Justicia apruebe el dictamen respectivo.A través del diputado Raúl Bonifaz Moedano, Morena en la Mesa Directiva ejerció su “voto ponderado” -que se da por el número de diputados por cada bancada-, para validar que Zaldívar continúe hasta 2024 al frente de la Corte, como ya aprobó la Cámara de Senadores en su sesión del jueves pasado.Asimismo, se incluyó en el orden del día la aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República, aunque la Comisión de Justicia tampoco ha aprobado el dictamen correspondiente.Para asegurar el voto en favor de ambos asuntos, Morena citó a todos sus diputados. A la sesión semi presencial concurren 255 de sus 256 integrantes, y en el tablero solo hace falta la asistencia de Nayeli Salvatori. Del lado del PAN solo se registra una ausencia de sus 78 diputados en funciones -ayer solicitó licencia Laura Rojas-, mientras que del PRI faltan tres de los 48 integrantes, entre ellos el coordinador René Juárez Cisneros.Al inicio de la sesión de hoy, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, argumentó que es “práctica parlamentaria” la dispensa de trámites, mientras PAN y PRD, expresaron que se trata de una maniobra para aprobar “a espaldas de la nación y en lo oscurito” dos temas relevantes para el futuro de la República.Incluso Mariana Rodríguez, vice presidenta de la mesa por el PRI, señaló que se trata de convalidar “un golpe de Estado, a través de ampliar la presidencia del ministro Zaldívar, algo nunca visto en México”.A solicitud del presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Marcos Aguilar (PAN), la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho (PRI), explicó que en la reunión previa de este órgano de dirección legislativa, se sometió a discusión la solicitud de la Junta de Coordinación Política incluir los dos asuntos en la sesión.

Refirió que ella planteó que todos los procesos y procedimientos para la discusión de las reformas y leyes guarden fidelidad a los ordenamientos que las rigen.“Y esto también tiene un ángulo muy importante, los procedimientos se pueden volver fuente de cuestionamiento que lleven incluso a una acción de inconstitucional. Hice referencia de la ley de seguridad interior, que fue declarada toda ella inconstitucional”.Esto fue así porque, recordó, el Congreso no solo no tenía atribución en el artículo 73 constitucional para legislar en la materia, “sino significativamente porque la ministra ponente señaló que se violentó el proceso legislativo y había dejado en indefensión el indispensable debate parlamentario”. La diputada del PRI se refería a la ministra Norma Piña.

Abundó que insistió que no se podía incluir en el orden del día “la presunción de un dictamen porque la Comisión de Justicia todavía no convoca a la reunión para su discusión”.Se refirió a que dicha comisión está en receso, luego de que no ha podido votar el dictamen de la nueva ley de la FGR, y que esta mañana abrió un receso después de escuchar por más de dos horas a los familiares de las víctimas.A dicha comisión también se le turnó el proyecto de ley del Poder Judicial, así como a la de Presupuesto para opinión, la cual no ha sido emitida.

MORENA, ya era hora. Por: @kaliar en Telegram.

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Celebro que por fin la bancada de Morena en la Cámara de Diputados haya tomado la determinación de darle su merecido a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pues con sus últimas acciones en contra de los candidatos de morena eran ya una clara muestra de que son un verdadero peligro para la cuarta transformación y el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El instituto Nacional Electoral bajo la dirección de Lorenzo Córdova es un organismo que más que proteger a la democracia es un sistema de protección a los políticos vinculados con él con los narcos y su especial relación que tienen con los narcosgobernadores y con los delincuentes de cuello blanco cómo Claudio X. González, es la mejor muestra de que como funcionarios electorales no eran de fiar.

El giro principal del INE siempre ha sido la protección al fraude en las elecciones para imponer a las autoridades que mejor protegen los intereses del crimen organizado, es la más clara muestra de una complicidad siniestra que tenía asumido al pueblo mexicano en la pobreza endémica y en la permanente desesperación por conseguir algo con qué sobrevivir, eso sí es injusticia la cuarta transformación que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de consolidar en este bello país que es México es un esfuerzo por hacer posible una nueva era de prosperidad para la sociedad mexicana y no podemos arriesgar el futuro brillante que estamos tratando de consolidar por la decisión de dos personajes indeseables.

Esta decisión de la bancada de morenistas en la cámara de diputados no es un abuso es justicia, porque Lorenzo Córdova y Ciro Murayama fueron quienes hicieron posible el ascenso al poder del expresidente Enrique Peña Nieto y como todos saben es el más grande traidor a la nación mexicana al haber entregado en bandeja de oro el control de las dos mayores empresas propiedad del pueblo mexicano para generar riqueza a partir de los recursos de la energía, es un gran riesgo para esta cuarta transformación que esos dos funcionarios permanezcan en el Instituto Nacional electoral.

Durante mucho tiempo los priístas de la mano de panistas y perredistas nos tuvieron de los genitales y casi nos matan de hambre y como con su guerra contra el narco y ahora negocian con narcogobernadores como Enrique Alfaro, Silvano Aureoles, Cabeza de Vaca y otros políticos como Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari o Diego Fernández de Cevallos para la imposición de candidatos a modo para proteger sus intereses. Eso no se puede permitir porque significaría la rendición de la cuadra de la Cuarta Transformación ante la plutocracia y kakistocracia de siempre.

Sabemos que dentro del grupo de morena existe una pequeña fracción de congresistas morenistas que no está de acuerdo con esta decisión pero yo no creo que sea un problema para convencer a la mayoría necesaria para poder hacer realidad el castigo que se merecen estos dos bribones.

Así que es hora de no titubear y ni un paso atrás en el juicio político y proceder a la destitución de Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama,, que bien merecido se lo tienen.

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