Categoría: Justicia

Ya hay avances en las investigaciones de la masacre que dejó tres mujeres y seis menores sin vida: Adrián Lebaron

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Adrián LeBarón aseguró  que los integrantes de su familia salieron “contentos” de su reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que “no nos dieron atole con el dedo“.

Así mismo Adrían confirmó que ya hay avances en las investigaciones de la masacre que dejó tres mujeres y seis menores sin vida, sin embargo, se negó a dar detalles ya que esto podría resultar peligroso para su comunidad.

Además, dio a conocer que estarán en constante comunicación con el mandatario mexicano y adelantó que se volverán a reunir en un mes, con el objetivo de seguir recibiendo información sobre los avances de las indagatorias, también aclaró que no son enemigos de la autoridad, por ello, se dijo dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer el crimen.

Vamos a ayudarle a la autoridad, pero también le vamos a exigir”, expresó.

El encuentro entre el titular del Ejecutivo federal y los familiares fue de carácter privado. También se contó con la presencia de miembros del Gabinete y un representante de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia matutina, el mandatario federal reiteró que es responsabilidad del Gobierno proporcionar la información sobre los resultados que se han obtenido.

“Vamos a tener la entrevista. Todo esto por cuidar lo del debido proceso. Entonces, vamos a informar y va a estar un representante de la Fiscalía General, es el organismo de Gobierno encargado de la investigación, la Fiscalía”, comentó el presidente de la República durante la conferencia matutina.

El Presidente López Obrador designó a Bernardo Bátiz como consejero de la Judicatura Federal.

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Regeneración, 28 de noviembre de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Bernardo Bátiz Vázquez como consejero de la Judicatura Federal por un periodo de cinco años, informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue notificada este jueves de la decisión del jefe del Ejecutivo, cuya facultad le confiere el artículo 100 de la Constitución. La elección de Bátiz se suma a la de Loretta Ortiz y Verónica de Gyves, quienes fueron designadas la semana pasada por el Senado para este mismo cargo.

Bátiz Vázquez tiene 83 años y fue procurador de Justicia durante la gestión de López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y también fue propuesto por el ahora presidente en la terna para convertirse en fiscal general de la República.

“El día de hoy este Alto Tribunal fue notificado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, designó al Ciudadano Bernardo Bátiz Vázquez, Consejero de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha y por un periodo de cinco años al reunir los requisitos que establece el artículo 95 de la propia Carta Magna”, detalla el comunicado.

En su cuenta de Twitter, Arturo Zaldívar, le dio la más cordial bienvenida, «sus cualidades profesionales y personales, además de su experiencia, son garantía de que sumará y aportará a la transformación del Poder Judicial de la Federación», señaló.

Sergio Molina Martínez también formará parte de la judicatura

Horas antes, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tomó protesta a Sergio Javier Molina Martínez quien también formará parte de la judicatura para el periodo del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2024.

Determina SCJN atraer hechos relacionados con el caso “Guardería ABC”

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La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó atraer para su conocimiento la impugnación de una resolución emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), relativa a la concesión de medidas de reparación integral, a consecuencia de los hechos ocurridos en el caso “Guardería ABC”.

En la sesión de este jueves la primera sala de la corte determinó que este asunto podría permitir al Alto Tribunal, pronunciarse sobre si todas las autoridades que sean señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en términos de la Ley General de Víctimas, están obligadas a reparar el daño erogando recursos de su patrimonio, asignado mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación; o si por el contrario, se trata de un cobro que únicamente se realiza con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como lo indica la Ley General de Víctimas.

Al analizar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 328/2019 del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la sala sustentó su determinación, en primer término, en analizar si el asunto brinda la posibilidad de incorporar el concepto de daños punitivos, como parte de la reparación integral del daño en la legislación sustantiva de víctimas.

Señaló que este asunto se podría llevar a determinar si la naturaleza de esa figura es sancionatoria o compensatoria —o ambas— y de resolverse que es compensatoria, podría llevar al estudio del planteamiento sobre la aparente exclusión de dicho concepto de la garantía de no repetición, la cual podría, formar parte de la reparación integral.

Así, dijo, podría permitir determinar la naturaleza jurídica de las figuras de la rehabilitación y de la compensación, además de sus implicaciones y determinar en qué consiste una justa indemnización en los casos en que ésta derive de violaciones a derechos humanos, en términos de la Ley General de Víctimas.

Otro aspecto relevante se refiere a la posible determinación sobre si el monto por concepto de indemnización puede definirse a partir de analogías a casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sala, indicó que la atracción del asunto también podría permitir estudiar si es válido utilizar precedentes de la Corte Interamericana como parámetro de interpretación en cuanto a la valoración de medidas reparatorias; y en caso de que lo fueran, qué pautas deben seguirse para establecer cuáles casos representan las mejores referencias; además, servirá para definir cómo deben actualizarse las cantidades monetarias cuando se conceden a víctimas de países en los que el costo de vida es distinto al del Estado Mexicano.

Otro aspecto relevante tiene que ver con la posibilidad de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la fijación legislativa de un tope máximo, para la determinación de las indemnizaciones derivadas de violaciones a derechos humanos.

Con información:

61 por ciento de los mexicanos valora de manera positiva la estrategia anticorrupción del Gobierno de México

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El 61 por ciento de los mexicanos valora de manera positiva la estrategia anticorrupción del Gobierno de México, reveló el Barómetro Global de la Corrupción 2019 (BGC), lo que representa un salto claro respecto al 24 por ciento registrado en la edición de 2017 de dicho estudio.

La medición, elaborada por Transparencia Internacional, con sede en Berlín, muestra un “histórico salto de la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló en un comunicado la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México destaca como una excepción para América Latina en materia de confianza ciudadana, por encima de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú”, expuso.

Agregó que “mientras que en la región en su conjunto 57 por ciento de la población valora negativamente el desempeño de sus respectivos gobiernos en la lucha contra la corrupción, en nuestro país este número llega apenas a 36 por ciento”.

Detalló que en 2017, el 61 por ciento de los mexicanos reprobó la labor del gobierno de Enrique Peña Nieto en esta materia.

“Los resultados obtenidos por México se dan como parte de la 4ª. Transformación que vive el país, en la cual la Secretaría de la Función Pública, institución encabezada por la Doctora Irma Eréndira Sandoval, ha implementado un plan de trabajo constituido por 5 ejes para acabar con la corrupción”, detalló.

La dependencia mencionó la fiscalización efectiva de los recursos públicos; la transparencia de la nómina del gobierno federal; la protección a alertadores ciudadanos de la corrupción; la asignación expedita de responsabilidades a los servidores públicos que incurran en irregularidades, así como el impulso de la austeridad republicana.

El Barómetro Global de la Corrupción es uno de los estudios internacionales más importantes con respecto al fenómeno de la corrupción, señaló la SFP.

Agregó que esta evaluación se ha realizado en 10 ocasiones desde 2003 y busca medir tanto las percepciones ciudadanas, como la experiencia directa de la población con respecto a la honestidad de las instituciones gubernamentales.

El Comandante Borolas

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El #ComandanteBorolas ahora ya elevado a un mayor rango militar en redes sociales como el “Tomandante Chupremo Borolas” ha creado tendencia en México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera la comparación del ex Presidente Felipe Calderón y su casaca militar con el comediante de finales de la época de oro del cine mexicano.

Para no criminalizar la protesta social en Puebla corrigen funciones de la SSP

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En el ya cercano gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) perderá la atribución de intervenir ante situaciones de “peligro general” o “amenazas de disturbios”, debido a que esto “puede dar pie a criminalizar la protesta social”.

El cambio se propone en la iniciativa de Ley de Orgánica de la Administración Pública del Estado que el Congreso de Puebla comenzará a revisar mañana para aprobarla antes del inicio de la próxima administración el 1 de agosto.

El artículo 48 de la normativa vigente establece que le corresponde a la SSP colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales “con el objeto de preservar el orden público protegiendo la integridad física de las personas y sus bienes”.

Agrega que la defensa del orden público se llevará a cabo “particularmente en situaciones de peligro general, cuando se vean amenazados por disturbios o en otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente en un sector determinado”.

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley, se explica que dicha disposición es inconstitucional, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que no se puede criminalizar la protesta social.

En esa lógica, en el proyecto se propone cambiar la redacción de ese apartado para indicar que la intervención de los agentes policiacos del estado tiene como objeto “preservar el orden público protegiendo la integridad física de las personas y sus bienes frente a situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente”.

La corrección se encuentra en el artículo 46 de la iniciativa de ley, la cual surgió de un trabajo coordinado de diseño y análisis en el que participaron el gobernador electo y los líderes de las fracciones parlamentarias.

Con información de: La Jornada de Oriente

Detienen por huachicol a exjefe de seguridad de PEMEX

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El general de brigada Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quien fuera jefe de seguridad en Pemex el sexenio pasado, fue detenido hoy durante un operativo en el estado de Guerrero.

Alfredo Herrera es uno de los militares de alta graduación presuntamente implicados en una red de robo de combustible con la que habrían operado durante el sexenio pasado y en la que también se investiga al general León Trauwitz, quien antes de su desempeño en Pemex fue jefe de seguridad personal de Enrique Peña Nieto, durante su periodo como gobernador del Estado de México.

La revista proceso pudo confirmar que el operativo fue llevado a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México.

Dicha instancia judicial ordenó la detención del militar en retiro, por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos, es decir, el robo de combustible en la red de ductos de Pemex.

Alfredo Herrera se desempeñó como gerente general de Seguridad Física de la petrolera del Estado, a partir del 17 de octubre de 2016, luego de desempeñarse como director de Operaciones de la misma área, que es responsable de la seguridad en todas las instalaciones de Pemex y empresas filiales.

El caso de Herrera Pegueros se relaciona con la serie de detenciones registradas en días pasados, entre estas la ocurrida el pasado 8 de julio, cuando la Fiscalía General de la República capturó al teniente coronel Oziel Aldana Portgual, quien se desempeñó el sexenio pasado como jefe del Departamento de la Administración de Bienes Materiales Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión de Pemex.

Además, detuvo a Ramón Márquez Ledezma, adscrito al departamento de Seguridad Física de la refinería de Cadereyta, y a José Carlos Sánchez Echeverría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica de Pemex en Tampico, Tamaulipas.

Las investigaciones apuntan a una operación de robo de combustible en la que están implicados los responsables de la seguridad de la petrolera al más alto nivel.

Con información de: Proceso

Omar Gómez Trejo es designado como fiscal para el caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo, fue designado como titular de la recién creada Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República (FGR), Omar se desempeñaba como secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el pasado miércoles 26 de Junio el Acuerdo A/010/19 de la FGR con el que se crea la nueva unidad que estará encargada de la investigación y los litigios relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en los que desaparecieron 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.

La institución autónoma informó sobre el nombramiento que realizó su titular, Alejandro Gertz Manero, en la persona de Gómez Trejo.

El ahora encargado de las investigaciones del Caso Ayotzinapa es maestro en Derechos Humanos y Democracia; entre otros cargos ocupó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y oficinas similares en Honduras y Guatemala, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En los artículos transitorios del Acuerdo se establece que cualquier oficina de la FGR que tenga asuntos en trámite o concluidos relacionados con este caso, cuentan con un plazo máximo 30 días, a partir de la entrada en vigor del mismo, para entregar los expedientes a la nueva oficina.

En la publicación se definen las 18 facultades que tendrá el responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, para esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Quien sea designado para la titularidad de la unidad deberá planear, programar, organizar, coordinar y dirigir el funcionamiento de la Unidad.

También deberá colaborar con la Comisión Nacional de Búsqueda en los trabajos para la localización de los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014.

El responsable de la Unidad tendrá la facultad de solicitar, a las instancias de los tres niveles gobierno, la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, en términos de la legislación aplicable.

Deberá también coadyuvar en la atención y seguimiento de las solicitudes de información que sean materia, relacionadas con sus investigaciones.

Otras de sus facultades serán las de coadyuvar y, en su caso, brindar los elementos necesarios a las unidades administrativas competentes para la inspección, supervisión e investigación, de los servidores públicos de la FGR relacionados con las acciones de investigación de los eventos de la desaparición de 43 estudiantes.

Además de ejercer la facultad de atracción, en términos de su competencia, el titular de la unidad deberá informar al titular de la FGR sobre los asuntos que le sean encomendados.