Cuitláhuac García define directamente la actuación del fiscal como “ineptitud, omisión o complicidad. No hay de otra”.
La herencia de Yunes
Designado por nueve años a propuesta del anterior gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, la determinación de García de removerlo no consiguió los suficientes votos en el Congreso local.
En entrevista con La Jornada, el mandatario no duda: tanto la operación para dejar a Winckler como al fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres, fueron una estrategia de Yunes “para cuidarse las espaldas” cuando se vio ante lo inimaginable para su causa política: perder las elecciones en julio de 2018.
“Todo lo hizo (Yunes) con su perversidad acostumbrada”, apunta García. Pero también ubica: “el problema no es ese; yo trabajaría con el fiscal. El tema es que él busca la forma de que nos golpeen mediáticamente con su ineptitud, su omisión o su complicidad”.
Cero eficacia
Habla de Minatitlán: “Winckler dice que fue una pugna entre dos cárteles de narcomenudeo, pero hasta la fecha no señala al responsable. Asegura tener a dos identificados de los seis que supuestamente agredieron, y dio sus alias. Eso era muy obvio: la gente lo dice y hasta hubo mantas los días siguientes señalándolos. Entonces, ¿qué identificación es esa del fiscal si sólo con googlearte enteras de cómo estuvo? Él tendría que aportar quiénes son, qué armamento usaron y solicitar una orden de aprehensión. Y no la hay.
“Pero como nuestro compromiso es esclarecer los hechos, que no queden impunes a pesar del fiscal, estamos buscándolos por la comisión de otro delito. Y haremos pública esa detención para que Winckler se obligue a solicitar se les detenga por lo ocurrido en Minatitlán. Vamos tras ellos. No me puedo estar ateniendo a lo que hace él: yo tengo que actuar. El compromiso es hacer justicia”.
García da otros ejemplos para ilustrar el mal proceder de quien debiera ser el abogado de la sociedad. En el asesinato del defensor de derechos humanos, Abiram Hernández, el pasado 30 de marzo, “ocurrió dentro de su casa y, por tanto, aclararlo es deber de la FGV. Hasta la fecha no lo ha resuelto; pudo hacerlo de manera sencilla porque los asesinos dejaron indicios por todas partes. Tiene todo. ¡No es posible tanta ineptitud! Pero Winckler juega con eso porque sabe que así nos golpea. Asumo la responsabilidad de que hay falta de seguridad en el estado, pero cuando hay un asesinato, él es el responsable de dar con los culpables”.
Y el mandatario estatal da otro caso. La noche del lunes, personas organizadas como autodefensas en Las Choapas detuvieron a seis presuntos secuestradores, entre ellos tres con encarcelamientos previos –un individuo cuatro veces, incluso con cargos de pederastia– y liberados recientemente. Esta vez habían plagiado a un niño. Los ciudadanos pidieron hablar con el fiscal de la región y exigieron que la policía estatal se mantuviera alejada. Al terminar esa reunión y salir el funcionario de la FGV, los probables delincuentes fueron ejecutados. “Presuminos que él arruinó toda la operación, aventura el gobernador”.
“Hay que denunciarlo”
Recientemente, en Hueyapan de Ocampo, varios hombres dispararon contra un puesto de vigilancia. Hubo dos muertos y dos heridos. A uno de estos últimos se le ligó con la posesión de armas, drogas y un auto que fue empleado en un secuestro. Y se le dejó libre.
“Aquí hay violación a los procedimientos. El agresor no fue puesto ante un juez nunca. El fiscal lo liberó con el argumento de que era víctima, que salieron negativas las pruebas de rodizonato de sodio (que le tomaron después de que le trataron unas heridas) y que se le venció el plazo de las 48 horas. ¡Así el descaro!”
Y se pregunta: “¿por qué el fiscal hace eso, por qué los libera?, Pues porque además de todos sus fallos de actuación –especula– también tiene consigna”.
Argumenta: “Nosotros no podemos ser irresponsables, tenemos que actuar. Llevamos en la Secretaría de Seguridad Pública más de 800 detenidos y en la coordinación territorial para la construcción de la paz (fuerzas federales y estatales) casi dos mil. Nuestra atribución es ponerlos a disposición del Ministerio Público. Por eso yo le digo a la sociedad: hay que denunciarlo”.
Menciona otro caso reciente que define como “gravísimo”: se ubicó en Coatzacoalcos a un narcotraficante. Al no encontrarse en flagrancia se pidió a la FGV enviara alguna orden de aprehensión de las que seguramente dispondría contra esa persona, dado su largo historial delictivo. “¡Y no había ninguna!”
Finalmente, tras largas horas, la FGV convino que sí disponía de tal. “Pero para entonces ya sus cómplices, bien armados, lo habían ayudado a eludirse, ¡y no se le pudo detener! Supimos después que esa orden tenía un año solicitada al juez y que la fiscalía nunca la fue a recoger”.
Lejos de destituir a la fiscal encargada del caso, Jorge Winckler la señaló sólo como responsable de un acto de probable corrupción. Y aún más: la fiscalía veracruzana se tardó nueve días en subir ese documento al sistema, con lo cual el presunto delincuente ganó más tiempo para escabullirse de la acción de la justicia. “¡Le dieron todas las facilidades!”
En Veracruz hace menos de una semana se estrenó la Guardia Nacional. Ahí operan también las fuerzas federales (Marina y Ejército). Dados los antecedentes sobre las fallas en seguridad pública en la entidad, Cuitláhuac García asegura contar con mandos estatales que han pasado los procesos de control de confianza y se trabaja a partir de un Plan Integral de Seguridad.
“¡Nos dejaron 5 mil policías para dar seguridad a 8 millones de habitantes!”, se lamenta.
La deuda es impagable
En diciembre “y como ya lo esperábamos” las arcas públicas veracruzanas tenían sólo 120 millones de pesos y sólo en ese primer mes “teníamos que pagar alrededor de 3 mil 400 millones para los diversos sindicatos –que además, querían causar problemas a sabiendas de que los flujos llegarían después del día 20, y eso nos presionaba demasiado”. A partir de eso tuvo que acercarse a la federación para lograr transferencias que les permitieran solventar compromisos y cerrar el año.
Y es apenas un capítulo de una deuda pública que en global alcanza 80 mil millones de pesos. De estos, 45 mil millones son empréstitos con entidades bancarias que generan un interés anual de 4 mil millones de pesos.
Lo demás se le debe a la Universidad Veracruzana, por impuestos no pagados, a municipios, a provedores, a deudores diversos y por laudos judiciales contra la administración estatal.
Para este año, el gobierno tendrá un presupuesto de 126 mil millones de pesos, de los cuales sólo dispondrá de 6 mil millones para atender programas de desarrollo social y de infraestructura en el territorio veracruzano.
Retoma el optimismo
Con todo, el mandatario se muestra optimista y explica sus programas: 2 mil millones serán para infraestructura, 600 millones para actividades agrícolas y un buen tanto para las necesidades sociales de la población
