Autor: mefistomx

El día 26 de este mes, se estarán cumpliendo ya dos años y once meses, desde que se verificó la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. Casi tres años. Y haciendo un balance de lo acontecido en este periodo, podemos dar constancia de varias situaciones que marcan el hecho, aunque de manera diferente. Por un lado está la nula impartición de justicia por parte de las distintas áreas de gobierno involucradas. No hay voluntad política para resolver este oscuro y despreciable crimen; esta falta de intención de las autoridades se debe, según han manifestado diferentes organizaciones nacionales e internacionales, a que la autoridad, en todos sus niveles, se encuentra involucrada con los grupos criminales que operar en el Estado Mexicano, situación que impide alcanzar la verdad que los mismos impartidores de justicia, intentan ocultar para no hacer visible el lazo que une actualmente a gobierno y crimen organizado. Indicar quiénes y por qué desaparecen a estos jóvenes estudiantes, es abrir la cloaca donde la suciedad mancha indistintamente a políticos y a criminales.

La otra cara de la moneda, la cara limpia de quienes resultan afectados directamente por un crimen de esta naturaleza, la encontramos en los padres de los estudiantes; ellos no han bajado ni bajarán la guardia, mientras sus hijos no aparezcan y se castigue con rigor a los responsables del delito. Son marchas, asambleas, caminatas, reuniones, protestas y tantas otras actividades que realizan a diario, incansablemente, para lograr respuestas por parte de quien se niega a darlas. Sin embargo, estos padres han tejido una red de apoyo ciudadano que tampoco olvida la negligencia del gobierno y el ocultamiento que el mismo hace de quienes debieron ser sujetos a investigación y castigo desde hace mucho tiempo. La sociedad civil está con Ayotzinapa y reclama justicia en forma permanente.

¿Qué esperar del gobierno a casi tres años de un crimen que cimbró a México y fue causa fundamental en la caída y descrédito de la administración encabezada por enrique Peña Nieto? En realidad muy poco, o nada para ser más exactos. Un gobierno corrupto e indiferente al bienestar general, no va a cambiar en nada su actuar, cuando se encuentra a meses de terminar su mandato. El gobierno priista se negó desde un inicio a dar claridad a la investigación generada y en su lugar nos fabricó una novela que nadie creyó, a la que se calificó de “Verdad Histórica”. Una verdad que hoy se encuentra archivada en el cesto de la basura, de donde la sacó originalmente el tristemente célebre Jesús Murillo Karam.

La única posibilidad para alcanzar la verdad y hacer justicia plenamente sobre este hecho, se dará hasta el 2018. El partido político Morena, tiene el compromiso con la sociedad mexicana, de dar esclarecimiento a los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, que culminaron con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Andrés Manuel López Obrador ha expresado permanentemente que si Morena llega al poder, una de sus inmediatas acciones será el instrumentar una investigación real que de por resultado conocer el paradero actual de todos estos jóvenes; al terminó de la investigación, se castigará de acuerdo a derecho a todos quienes tuvieron que ver con este grave crimen, así como también a aquellos que encubrieron a los delincuentes, falsificando y alterando pruebas, ocultando la verdad y fabricando conclusiones que en nada se apegan a lo sucedido realmente.

La verdad sobre Ayotzinapa no se encuentra perdida; la razón de los padres nunca ha sido cuestionada; la Ley no ha perdido la batalla todavía. Únicamente estamos a la espera del final del presente sexenio, de la salida de la actual administración priista, tan generosa en corrupción, impunidad e ineficacia; entonces la vida pública retomará el rumbo sano que el país requiere. El caso Ayotzinapa volverá a adquirir importancia, pues habrá voluntad del nuevo gobierno para esclarecer estos hechos, encontrando a los jóvenes desaparecidos y castigando a todos los involucrados en este lamentable crimen de Estado, según ha sido calificado nacional e internacionalmente, este oscuro hecho.

Esperemos unos meses más para que termine la pesadilla priista y nuestra nación despierte y camine de la mano de un gobierno limpio, sin compromisos oscuros con la delincuencia, sin intereses corruptos que le impidan trabajar sanamente. En 2018 pueden y deben resolverse muchas cuestiones que en la actualidad, ocultan o distorsionan las autoridades en turno. Ayotzinapa es una asignatura pendiente que será atendida no por los gobiernos del PRI, PAN, PRD o cualquier otro vasallo menor; la verdad de lo sucedido la conoceremos si el gobierno que maneje en adelante el destino del país, responde únicamente a los intereses del pueblo. El único partido que garantiza esta salud política en México, es Morena. No hay más.

Enviado desde mi iPod

“López Obrador y la institucionalidad democrática” (Revista Proceso, 20 de agosto, 2017)

John M. Ackerman

Carmen Martínez, Fredy Martínez, Augusto Cruz, Epifanio Domínguez, presos políticos de Chiapa de Corzo, libertad inmediata.

Entre todas las calumnias y mentiras que cotidianamente se lanzan desde las altas esferas del poder económico y social contra Andrés Manuel López Obrador, la que ofende más a la inteligencia y la lógica es la acusación de que la llegada del tabasqueño a Los Pinos implicaría una amenaza para la institucionalidad democrática del país.

Los adversarios del futuro candidato presidencial de Morena no se cansan de acusarlo de ser un “populista” que supuestamente no respeta las leyes o la división de poderes. Advierten que como presidente podría actuar como un pequeño dictador que no permitiría ningún límite a su poder y aplastaría a sus adversarios. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, reza esta perversa lógica conservadora y derrotista.

El primer error con este enfoque es que supone que México hoy gozaría de algo que podría llamarse “institucionalidad democrática”.

Habría que hacernos una serie de preguntas serias al respecto: ¿Existe alguna institución del Estado mexicano que hoy funcione correctamente de acuerdo con su mandato constitucional o legal? ¿La Suprema Corte imparte justicia? ¿Las fuerzas armadas protegen al pueblo? ¿La Presidencia de la República fomenta el bienestar de los mexicanos? ¿El Congreso de la Unión legisla a favor del interés público? ¿La Procuraduría General de la República combate la impunidad? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores defiende la soberanía nacional? ¿Los institutos electorales garantizan comicios libres, limpios y auténticos?….

SEGUIR LEYENDO AQUÍ