Hay dos acontecimientos de los últimos tiempos que evidencian una ruptura con el viejo régimen. Uno es la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018. El otro es el juicio que se está desarrollando en EU por el delito de “conspiración” contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del panista Felipe Calderón.
Este último hecho, además, ha puesto al descubierto el sistema corrupto-delincuencial mexicano de las últimas décadas. ¿Por qué es relevante hablar de este juicio? Porque se trata, primero, de la articulación del poder político con el crimen organizado. No debemos dejar de lado a los funcionarios implicados en complicidad para empoderar a un cártel, y lo que ello significa en términos de delitos cometidos que permanecen impunes. ¿Por qué valdría la pena detenernos en el papel de la mayoría de los medios de comunicación en éste y otros asuntos? Porque uno de los principales vehículos para construir opinión pública son las y los comunicadores, y porque la ciudadanía no sólo se informa, sino que otorga su confianza y dota de credibilidad a los mensajes que se emiten desde los medios.
Ahora que la sociedad sabe que el secretario que estaba encargado de garantizar la seguridad, no sólo no la cuidó, sino que la puso en riesgo, pactando con el Cártel del Pacífico; ahora que en este juicio se revela que pagó millones de dólares a directores de los grandes medios para limpiar su imagen, ¿cómo creerles a esos medios si se sospecha que respondían al dinero antes que a la verdad?
Desde hace tiempo se discute sobre el papel de los medios de comunicación en la manipulación de la realidad. Después de estudiar periodismo, una sale de las aulas y, de golpe, la realidad se impone: los valores periodísticos fundados en la ética y la verdad son violentados cuando los intereses creados son los que imperan en las direcciones de los grandes medios. Los vínculos del exsecretario de Seguridad con el diario El Universal, evidenciados durante el juicio, vuelven a poner en el centro de la discusión pública el papel de los medios de comunicación en la vida política, social y democrática. Hoy, podemos afirmar que en México, y en la mayoría de los países, los medios de comunicación son jugadores indiscutibles, y hasta determinantes, en la arena política. La llegada de López Obrador significó la sana separación del poder político y económico. También la separación del poder mediático. Por eso, no es casual que los medios que antes callaban injusticias y justificaban a los malos gobiernos sean los mismos que ahora, confrontan al actual gobierno.
El papel protagónico de los medios de comunicación en el terreno político es tan evidente que ha llegado al cinismo. Lo develado en el juicio a García Luna, en ese sentido, no sorprende a la mayoría de las y los mexicanos. Es inolvidable aquella declaración de Emilio Azcárraga Milmo, padre del actual dueño de Televisa, cuando en los 80 afirmó: “Somos soldados del PRI y del presidente”. Entonces el PRI era el partido que ganaba todo.
Ese vínculo entre el partido en el poder y los medios trascendió al PRI: continuó durante los dos sexenios del PAN en la Presidencia. En 2012 fabricaron un producto político que fue ofertado a la población por los grandes medios. Esa redituable alianza para la clase política y la mediática se sostuvo por la enorme cantidad que se les pagaba a los medios. Si bien gran parte del sustento de muchos medios, chicos y medianos, dependía del dinero que se les otorgaba a través de dichos arreglos y el gobierno podía permitir o no la distribución de los productos de los medios, el poder de esas empresas mediáticas se extendió a otros rubros. Algunos dueños de los medios lo son también de otras empresas, la mayoría de ellas más grandes que su propia televisora o periódico, y que igual se beneficiaron de otros contratos otorgados desde cargos públicos.
Hace unos días, el político español Pablo Iglesias comentó que, cuando hoy se habla de la libertad de prensa, se habla de la libertad de los millonarios para ser propietarios de los medios de comunicación y no de la libertad de los ciudadanos para recibir una información veraz. La ruptura que vive el sistema político tradicional apenas inicia y deberá obligar a todos los actores de la “cosa pública” a renovarse o morir. En el despertar de conciencias que vivimos, la sociedad mexicana no está dispuesta a olvidar ni a perdonar. No volverán.
