Autor: mefistomx

Al presentar esta iniciativa, el presidente Andrés Manuel López, argumentó que dicho proyecto tiene como fin prevenir el daño al medio ambiente, la degradación de los hábitats y la pérdida de biodiversidad que genera la tala ilegal a través de la implementación de penas acordes con el daño que se ocasiona.

La Cámara de Diputados avaló incrementar las sanciones contra quien realice o participe en la tala ilegal en áreas naturales protegidas, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen, avalado en lo general con 457 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, modificó los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal, en materia de tala ilegal, se envió al Senado para su análisis.

#ÚltimaHora Con 457 votos a favor, 0 en contra y 27 abstenciones, el Pleno aprueba en lo general el dictamen que reforma y adiciona los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal, en materia de tala ilegal. pic.twitter.com/Vdj8b86pPK

— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 25, 2023

La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal tiene como objetivo actualizar y aumentar las sanciones para quien realice conductas en contra de áreas naturales protegidas, zonas vegetales y/o cambie el uso de suelo forestal.

Por ello establece que se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y multa de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, al que, sin contar con la autorización previa de la autoridad competente, desmonte o destruya la vegetación forestal o cambie el uso de suelo en terrenos forestales.

Con información: El Economista

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que unificará las normas para la resolución de conflictos entre particulares en todo el país, como divorcios, herencias, pensiones, juicios intestamentarios y más. Incluye homologar la oralidad de los procedimientos.

Rocío Corona (PVEM) resaltó que, con esta nueva norma, además, “se acabó la agonía para los familiares de personas desaparecidas en nuestro país, de esperar 2 años para la declaración de ausencia y 6 años más para declarar la presunción de muerte. Según cifras oficiales, a marzo del 2023, hay 112 mil 490 personas desaparecidas en nuestro país”.

El ordenamiento contiene mil 191 artículos, integrados en 10 libros y 20 transitorios. Los legisladores avalaron cuatro años para su implementación, por lo que entrará en vigor hasta 2027.

Su objetivo es otorgar justicia pronta y expedita en los casos de la materia civil y familiar. “Estamos hablando que, en el país, se acerca a un millón 500 mil litigios y 64 por ciento” es de esa materia”, dijo Felipe Fernando Macías (PAN), presidente de la Comisión de Justicia.

Explicó que la regulación procesal civil y familiar facilitará la justicia cotidiana. Con este nuevo código, detalló habrá pensiones alimenticias provisionales en menos de 24 horas y los centros de trabajo de los poderes judiciales “tendrán que dar en menos de 3 días los descuentos a los deudores”.

Habrá sentencias en menos de 30 días para deudores de rentas, y de divorcio en menos de 15 días; un proceso de adopción, velando el interés superior de la niñez, se puede dar “en meses”. Tratándose de violencia de género, los juzgados brindarán medida de protección inmediata; habrá oralidad total de juicios y serán digitalizados.

Aleida Alavez Ruiz (Morena) explicó que la minuta aprobada busca que los procedimientos civiles sean los mismos en todo el territorio nacional, con independencia del orden de gobierno en los que se apliquen, e incluirán, “entre otras cuestiones, sus respectivas denominaciones, plazos procesales y medios de impugnación”.

Resaltó la desaparición del procedimiento relacionado con la declaración de interdicción, que se sustituye con el reconocimiento al derecho de toda persona mayor de 18 años a la capacidad jurídica; prevé violencia vicaria y la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.